Proporciona a personas incapacitadas la protección de sus derechos constitucionales y ejercer en su caso la figura de guarda que corresponda.
Control, vigilancia, fiscalización, apoyos externos, administración, defensa de los derechos y cumplimiento de obligaciones, orientación, seguimiento de las personas con discapacidad intelectual residentes en Castilla y León; así como prevenir futuras situaciones de desprotección adelantándose a posibles designaciones judiciales respetando a su vez las decisiones de las personas con retraso mental y/o la de las familias.
Control, vigilancia, fiscalización, apoyos externos, administración, defensa de los derechos y cumplimiento de obligaciones, orientación, seguimiento de las personas con discapacidad intelectual residentes en Castilla y León; así como prevenir futuras situaciones de desprotección adelantándose a posibles designaciones judiciales respetando a su vez las decisiones de las personas con retraso mental y/o la de las familias.