El estudio "Identificación y análisis de retos para la reforma del SAAD" (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) realizado desde la Fundación Caser permitió exponer la relevancia de hallazgos como la población “desconectada” y la población “indiferente” respecto al SAAD, el denominado “listón de 6 meses” por la espera de los procesos de reconocimiento y asignación de prestaciones y/o servicios, o la escasez de coberturas sobre la población joven y el medio rural.
A raíz de los hallazgos de este estudio se ha publicado en el número 32 de la Revista Prisma Social, ejemplar dedicado a la “Investigación social sobre políticas del cuidado y la dependencia en Europa e Iberoamérica”, el artículo “La gestión de la atención a la dependencia en España. Análisis y propuestas”. Este artículo aporta resultados a través de un diseño y metodología de doble vía: una encuesta realizada a 800 personas en situación de dependencia y un estudio Delphi con profesionales expertos/as en la materia.
Respecto a los resultados, los datos obtenidos mediante la encuesta a personas usuarias permiten afirmar que casi la mitad de la población ha esperado 6 meses o más, tanto para la valoración (43%) como para la tramitación de los servicios (45%). Las razones que los/las encuestados/as refieren se centran en la lentitud, el tiempo de espera y la excesiva complejidad y burocracia de los trámites, además de la falta de información.
Por otra parte, algunas de las principales carencias citadas por los expertos y las expertas en relación con la gestión son:
● Períodos de espera en la gestión. Provocan situaciones de indefensión, desconfianza o desatención que tienen consecuencias muy negativas para los y las usuarias que las solicitan.
● Aspectos políticos y culturales. Se propone un Pacto de Estado en cuestiones de Dependencia para asegurar la estabilidad del sistema y la equidad entre autonomías atendiendo a sus necesidades y especificidades.
● Diferencias en la gestión entre CCAA en cuanto a compatibilidades, tiempos de espera, porcentaje de resoluciones, acceso, etc. Se han detectado importantes contrastes ante una misma situación de dependencia entre territorios.
● Situaciones de confusión al desconocer la cuantía asignada para cubrir el servicio antes de recibir la resolución. Estas situaciones perjudican a los usuarios/as con menos recursos que, por el contrario, son quienes acusan mayores necesidades.
En cuanto a la problemática de los trámites burocráticos, las propuestas extraídas de los/las expertos/as para superar las barreras que generan son:
● Agilizar el trasvase de expedientes entre CCAA.
● Reducir los trámites burocráticos requeridos.
● Incluir protocolos que se ajusten a situaciones de urgencia que no puedan esperar al acceso al recurso.
● Mayor implicación y compromiso de los y las profesionales de las distintas instituciones vinculadas al SAAD.
La viabilidad económica del SAAD es una preocupación, pero al mismo tiempo es identificada como una gran oportunidad para desarrollar un impulso social y laboral. Las fórmulas para mejorar la financiación que han emergido de los/las expertos/as han sido:
● Copago. Por una parte, garantizaría la sostenibilidad del Sistema, mientras por otra es cuestionado por afectar al principio de universalidad en su acceso. Las diferentes regulaciones autonómicas y otros factores personales dan como resultado una gran heterogeneidad de situaciones sobre las que los/as expertos/as no se ponen de acuerdo a la hora de determinar su conveniencia.
● Apoyo de grandes empresas y Fundaciones Sociales.
● Incorporar un índice de sostenibilidad de acuerdo a indicadores demográficos.
● Repartir los fondos entre las CCAA por el gasto de la población en este ámbito, no por el número de habitantes.
● Mayor apoyo de las familias. Este aspecto genera grandes diferencias en cuanto al rol que la familia debe desempeñar en la atención de la persona dependiente
● Aumentar la inversión en Servicios Sociales, asumiendo que reduciría los gastos en Servicios Sanitarios.
● Considerar todos los gastos en los que el/la usuario/a incurre, no sólo los derivados de su situación de dependencia.
● Buscar una mayor equidad del sistema a través de un organismo específico orientado a este objetivo o de comisiones para casos excepcionales.
En cuanto a la optimización de la coordinación entre instituciones públicas y privadas, así como entre distintas autonomías, los/as expertos/as señalan las siguientes propuestas:
● Aumentar los esfuerzos en la evaluación. Esta evaluación sistematizada permitiría realizar diseños de planificación económica y de servicios.
● Diseñar e implementar programas y proyectos comunitarios de los Centros de Acción Social.
● Articular calendarios de reuniones periódicas entre Servicios Sociales y Sanitarios para elaborar proyectos conjuntos.
● Crear un sistema de centralización de la información en el que los/las profesionales vinculados/as a su gestión puedan actualizar los datos de cada persona y que estos sean accesibles.
Como conclusión, el trabajo de campo ha permitido comprender cómo el mero hecho de acudir al proceso de valoración sigue despertando reticencias entre personas usuarias o potencialmente usuarias, familias, etc. Por otra parte, las dificultades de coordinación entre administraciones, ampliamente constatadas, son la punta del iceberg de una gran falta de vertebración, ya que existen evidencias de que las CCAA no cooperan, no comparten técnicas, ni información, ni resultados.
El artículo “La gestión de la Atención a la Dependencia en España. Análisis y propuestas.” puede consultarse en "Revista Prisma Social".