La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas define la discapacidad como: “un concepto que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad” (ONU, 2006). Partiendo de la premisa de que la verdadera inclusión de las personas con discapacidad depende de los apoyos que se presten para su participación social, el 2019 es el año perfecto para entenderlo.  Este año, coincidiendo con las cuatro convocatorias electorales (autonómicas, locales, generales y europeas), será la primera vez que 100.000 personas con discapacidad podrán ejercer el Derecho al Sufragio. Desde el punto de vista conceptual parece que los conceptos participación social y discapacidad entran en juego de una manera apasionante en 2019. 

Sin embargo, para que las personas con discapacidad puedan participar en la sociedad libre, se deben establecer las medidas oportunas de accesibilidad. Es aquí donde viene la preocupación de todos aquellos que ponemos el foco en el proceso de participación de las personas con discapacidad: ¿se tomarán las medidas oportunas en materia de accesibilidad?

La accesibilidad física y visual a los procesos electorales es ya una conquista social de las personas con discapacidad física y visual, regulado en el Real Decreto 422/2011 de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.

Pero debemos tener en cuenta el perfil de las personas que acceden al voto por primera vez: personas con discapacidad que han sido incapacitadas en un proceso judicial. Este perfil, normalmente, es el de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Esto hace que la accesibilidad se transforme, específicamente, en accesibilidad cognitiva. En la actualidad la herramienta clave para que se garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial es la Lectura Fácil. 

Volviendo a lo conceptual, la pregunta es: ¿qué entendemos por proceso electoral? Es aquí donde se debe poner el foco porque si no, estaremos excluyendo de las votaciones a muchas personas con discapacidad intelectual. La respuesta está clara: el proceso electoral empieza desde el momento que se convocan las elecciones. Más aún, en la actualidad, cuando los partidos políticos están en continua campaña electoral.

Por lo tanto, si tenemos una apuesta firme por que las personas con discapacidad intelectual participen en una sociedad libre, se debe garantizar la accesibilidad cognitiva desde el momento en el que se convocan las elecciones. El CERMI, por su parte, publicó una guía de las Elecciones Generales en 2015 y señaló varios momentos claves en los que se deben garantizar la accesibilidad al proceso electoral. Estos momentos se recogen a continuación: