El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, aseguró ayer que el Gobierno defiende el Sistema de Dependencia a través de la reforma que acordó con las Comunidades Autónomas en julio de 2012, ya que se están sentando “las bases de un modelo viable” que llegará a las próximas generaciones. Éste era el objetivo del Ministerio cuando afrontó la sostenibilidad de un Sistema que daba muestras de agotamiento en un contexto de crisis: aparte del desfase presupuestario de más de 2.700 millones de euros en cinco años, la lista de espera había aumentado hasta las 305.000 personas y la creación de puestos de trabajo había quedado por debajo de la previsión hecha en 2007, en concreto más de 151.000 empleos menos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Juan Manuel Moreno ha puesto énfasis en remarcar que el proceso de transparencia del Sistema sigue su curso: de los más de 12.000 expedientes aún por regularizar a primeros de año (bien por anomalías de forma, bien por estar duplicados o bien por corresponder a personas ya fallecidas –estos sumaban 5.747), según los datos del Tribunal de Cuentas, se ha completado la normalización del 98%. Una vez cerrado el proceso de clarificación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CC. AA. pondrán en marcha un nuevo programa informático que ayudará a detectar con rapidez los expedientes que se vislumbren irregulares.

Configurado el nuevo sistema de información, la Ley de Dependencia continuará avanzando, pues éste es el compromiso del Gobierno. “Si quisiéramos derogar la Dependencia, ya lo habríamos hecho”, ha comentado el Secretario de Estado, para quien las medidas para mejorar el modelo buscan su viabilidad “a largo plazo”. Medidas que han simplificado la maraña normativa (de seis reales decretos a tres), han puesto luz sobre la valoración (de seis niveles a tres), dirigen la financiación a los servicios profesionales para reactivar la creación de empleo y revisan la prestación por cuidado familiar con objeto de favorecer que las mujeres, el sector de población que más se dedica a la atención de dependientes, salgan al mercado de trabajo.

El Secretario de Estado ha rechazado que se intente desmantelar el sistema por la puerta de atrás o que se establezca un copago de hasta el 50%, como asegura el PSOE; asimismo, ha negado que los ahorros previstos para 2013, comunicados a la UE, obedezcan a nuevos recortes. Todo está acordado con las Comunidades, y sin menoscabar la tesitura de las personas con menos recursos: en la reforma se mantendrá que aquellos ciudadanos con ingresos por debajo de 450 euros al mes no tendrán que aportar nada por el servicio.

Las nuevas bases del modelo empiezan a mostrar resultados alentadores: la lista de espera se ha reducido un 25%, en gran medida porque se ha tenido que dar de baja a ese cómputo de expedientes irregulares, y siguen entrando beneficiarios, en concreto 132.000.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad