El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, han suscrito un convenio de colaboración por el cual se comprometen a crear las primeras 50 plazas en unidades de convalecencia sociosanitaria en el último trimestre de este año. Las plazas se abrirán en centros residenciales de personas mayores propios de la Gerencia Regional de Valladolid (30) y de Segovia (20).

El objetivo que se persigue es reservar en residencias de personas mayores unidades específicas para que una persona en situación de dependencia con un proceso crónico de enfermedad o una patología asociada al envejecimiento reciba, una vez que esté estable y a su salida del hospital, cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad de forma simultánea mientras logra su recuperación o rehabilitación. Esas personas, además, deberán presentar siempre necesidades sociales, bien porque necesitan cuidados que excedan de la capacidad de un cuidador, carezcan de un cuidador o residan en una vivienda con barreras arquitectónicas.

Podrán acceder, por tanto, a estas unidades, personas con incapacidad funcional severa que dificulte sus actividades básicas de la vida diaria, independientemente de la causa y sin posibilidad de mejora, y que precisen cuidados médicos o de enfermería de mayor intensidad que los prestados en el domicilio. Y también tendrán derecho aquellas personas con incapacidad temporal funcional secundaria por procesos neurológicos, traumatológicos, reumatológicos, cardiopatías o neumopatías, con posibilidad de mejora con tratamiento rehabilitador. En ambos casos, deberán tener necesidades sociales.

El acceso a estas unidades se realizará de forma muy ágil. Serán los propios hospitales de referencia quienes valoren la necesidad y la falta de apoyos sociales, y recomienden a la persona acudir a una Unidad de Convalecencia Sociosanitaria durante su recuperación.

El tiempo de permanencia en la unidad será de dos meses. Este tiempo puede ser ampliado por periodos no superiores a un mes, completando un total de hasta cuatro meses.

Durante ese periodo, los trabajadores sociales tramitarán el expediente de dependencia. Una vez cumplido ese plazo, y ya con la resolución del grado de dependencia que le corresponde, serán los trabajadores sociales quienes valoren el recurso social que mejor se acomode a las necesidades de la persona: volver a su domicilio, ayuda a domicilio, centro de día, centro residencial… En todos los casos, se les garantiza la continuidad de los cuidados.