Las patronales del sector de los cuidados se han unido para manifestar su preocupación ante la posible reducción de la jornada laboral, de la que todos los medios hablan en las últimas semanas. De producirse en los términos que se han planteado públicamente, traería unos impactos “muy negativos en un sector esencial” como es el de lo cuidados. Un sector, como reconocen las patronales, que ya se enfrenta a otros problemas muy importantes como son “una financiación insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesionales, en cuanto a número y en cuanto a la cualificación adecuada” que necesitan. 

El mensaje ha sido lanzado por Aeste, Asade, Ceaps, FED y Lares, las principales patronales de atención a la dependencia en nuestro país. Estas organizaciones coinciden en varias ideas importantes. Para ellas la escasez de profesionales que sufre el sector es un “grave problema”. Por lo que, aseguran, que la disminución de la jornada laboral, sin un plan de contingencia pertinente, acentuará aún más esa situación. Hoy en día las entidades de la dependencia ya tienen serios problemas para “encontrar y para retener a profesionales cualificados”. 

Otra de las ideas en las que coinciden es que la implementación de esta normativa implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios. El sector, caracterizado por su intensa demanda de personas, se verá obligado a aumentar sus plantillas para mantener la atención. «Lo que supondrá una carga económica adicional inasumible para nuestras entidades», reconocen. Y recuerda, además, la importancia que tiene en este contexto la ley de desindexación. Una normativa que, como reconocen, impide la revisión de los precios de los contratos, “lo que nos sitúa en una posición particularmente vulnerable, que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa”, explican.

Ante todas estas circunstancias, las patronales del sector instan a las autoridades competentes a reconsiderar la implementación unilateral de esta normativa y a dialogar con todos los agentes sociales y patronales para encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia.

Además, “consideramos fundamental que cualquier modificación normativa venga acompañada de un período razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector”, explican las patronales.

Es imprescindible que se tengan en cuenta las “necesidades específicas de nuestro sector” para evitar consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las entidades prestadoras de cuidados.