Un total de 121.520 personas mayores son beneficiarias de la Ley de Dependencia en Andalucía, lo que supone el 70 % del total de beneficiarios. Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, donde ha indicado que Andalucía destaca por las “políticas de protección e integración” de las personas mayores, sobre todo en el ámbito de la dependencia.

En el marco de la Ley de Dependencia, la comunidad autónoma tiene más de 173.600 personas beneficiarias y 237.500 prestaciones, ofrece el 40 % del total nacional del servicio de ayuda a domicilio y el 51 % de la teleasistencia. Las personas mayores cuentan, además, con una red de centros residenciales con más de 18.000 plazas concertadas para personas mayores y más de 7.000 plazas concertadas en Unidades de Estancia Diurna.

En esta línea, María José Sánchez Rubio ha resaltado que el número de plazas concertadas para personas mayores se ha duplicado desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, lo que demuestra que la ley ha “constituido un salto cualitativo en la calidad de vida de miles de familias”.

Otra de las herramientas de la línea de protección a las personas mayores es el Teléfono de Atención a Mayores, que recibió en 2012 un total de 4.559 llamadas y en el primer semestre de 2013, un total de 1.893.

Políticas locales

Igualmente, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subrayado que las personas mayores podrán opinar sobre las políticas locales y colaborarán en su elaboración gracias a nuevos consejos de participación que se pondrán en marcha en los municipios en los próximos meses. En este sentido, ha destacado que se crearán estos foros para dar a este colectivo “protagonismo en las decisiones que les afectan y facilitar el intercambio generacional”.

Durante su intervención, la consejera ha desglosado todos los programas y medidas que ha puesto en marcha la Consejería dirigidas a las personas mayores de 65 años, un colectivo compuesto por 1,2 millones de personas que suponen el 14,7 % de la población andaluza. La consejera ha recordado que, con la elaboración del Libro Blanco, Andalucía “ha sido pionera en España y en Europa al establecer un marco de cabecera para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su participación en el conjunto de la sociedad”.

Asimismo, ha resaltado que la comunidad autónoma está considerada como lugar de referencia para el envejecimiento activo por la Unión Europea. En este sentido, María José Sánchez Rubio ha destacado que en pocos meses se pondrá en marcha el Plan Estratégico de Envejecimiento Activo de Andalucía, con medidas específicas para mejorar el bienestar de las personas mayores.

La titular de la Consejería ha destacado también el compromiso financiero del Gobierno andaluz con este colectivo y ha recordado que el mantenimiento de un mínimo de seguridad económica de estas personas es “uno de los pilares fundamentales de las políticas de envejecimiento activo”. En esta línea, ha recordado que Andalucía mantendrá los complementos para las pensiones no contributivas y asistenciales en el 2014 y que el Gobierno andaluz ha destinado 20,3 millones de euros en 2013 a elevar el importe de las pensiones no contributivas y asistenciales que afecta a más de 100.000 pensionistas en Andalucía, de los que cerca de 60.000 son mayores de 65 años.

Protección e integración

Además, en el ámbito de la promoción de la salud, más de 1.600 personas con una edad media de 67 años han participado en el Programa de sensibilización de la enfermedad de Alzhéimer con un total de 59 sesiones formativas. En lo que se refiere al marco del Programa de Prevención del Deterioro Cognitivo, se han prestado servicios de información y asesoramiento, así como grupos de ayuda mutua y talleres de psico-estimulación en 86 asociaciones de familiares de pacientes de Alzhéimer.

Asimismo, desde 2009, se han expedido 35.253 Tarjetas + Cuidado, que facilita y mejora el acceso del paciente y su cuidadora a los centros asistenciales, acerca el material de apoyo al domicilio y favorece el acompañamiento familiar en los servicios de urgencias, durante la realización de pruebas diagnósticas o en una estancia hospitalaria.