Tras recibir un alta hospitalaria, el ciudadano de la Comunidad de Madrid que necesite que se valore su situación de dependencia, recibirá esa valoración en un plazo de diez días. Así lo ha anunciado recientemente la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, explicando que esta medida forma parte de la renovación que la Comunidad va a realizar de la asistencia que presta las personas mayores y a las personas en situación de dependencia.
Novedades que se plasmarán a través de cambios normativos y de nuevas herramientas informáticas de gestión, gracias a las cuales será posible agilizar los trámites y mejorar la calidad de los servicios que recibe el ciudadano. Y es en este Nuevo Modelo de Atención Social de la Comunidad de Madrid, en el que se aprobará un decreto de libre elección que, entre otras cuestiones, fijará un plazo de 10 días para que una persona que ha estado hospitalizada reciba la valoración de su situación de dependencia si así lo necesita.
La consejera también ha explicado que esta nueva norma estará aprobada antes de que concluya este año y que actualizará el procedimiento de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención y Valoración de Dependencia.
El texto también prevé una revisión inmediata de su situación para personas que estén en tratamiento de cuidados paliativos o que estén en situación de urgencia social, y un máximo de tres meses para las valoraciones de los menores de tres años y los mayores de 90. Además, se agrupará en una sola visita el estudio a los niños menores de seis años, cuando requieran una evaluación de su situación de dependencia junto a la de discapacidad o Atención Temprana.
Con esta normativa también se va a regular y promover la figura del asistente personal, tan reclamada desde hace años por las personas con discapacidad, y se harán compatibles prestaciones económicas que hasta ahora no lo son, como es el caso de la de cuidado en el entorno familiar con la prestación de promoción de la autonomía personal.
Historia Social Única
La Historia Social Única es otra de las prioridades para el ejecutivo regional. Una herramienta que se está desarrollando en paralelo a la normativa citada, y que va a facilitar la interconexión entre los sistemas de servicios públicos que reciben los madrileños a través de diferentes áreas, como son los Asuntos Sociales, la Sanidad o la Educación. Se trata de un instrumento que va a evitar al ciudadano tener que presentar documentación adicional en distintos momentos del proceso de una solicitud.