Mantener la calidad en la prestación de los servicios sanitarios y sociales como ejes fundamentales del Estado de bienestar. Con esta finalidad el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón abarcará un 41,19 %, 1.917,6 millones de euros, del presupuesto autonómico.

Para el Gobierno de Aragón, y concretamente para este departamento, las políticas sociales conforman el núcleo fundamental del presupuesto de Aragón, donde 6 de cada 10 euros corresponden a gasto social.

Concretamente, se ha efectuado un esfuerzo por mejorar las prestaciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Así, su presupuesto asciende a 303 millones de euros, lo que supone un incremento de un 1,35 % respecto al año anterior.

Asimismo, se incrementan también las prestaciones económicas y los servicios para la atención a la dependencia, destinando un total de 151 millones de euros (cuantía donde se incluyen centros residenciales, centros de día, ayudas a domicilio, etc.).

En lo que compete a prestaciones económicas de la dependencia, se incrementan en un 4.9 % (alrededor de 3,4 millones de euros). Así, aumenta en 2,25 millones de euros las prestaciones económicas a la dependencia, además de otros programas y prestaciones a tal efecto. Se incluyen 7,6 millones para financiar los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, servicios que se prestarán a través de las entidades locales. Esta partida es ligeramente mayor que los 7,3 millones del año 2014.

En lo que se refiere a los servicios a la dependencia, en la acción concertada para personas con discapacidad también se produce un incremento por un importe de 1,6 millones de euros en la dotación presupuestaria para plazas concertadas para personas con discapacidad.

También se han dotado los créditos correspondientes para la finalización de las obras de acondicionamiento de la residencia de Movera y la puesta en marcha de su gestión a principios de 2015, con 85 plazas para dependientes. De esta forma, se obtiene un centro totalmente adaptado y rehabilitado según los estándares de calidad exigidos por la Ley de Dependencia y evitando el peligro derivado de mantener a personas mayores en un centro no adaptado a sus necesidades.

Por otro lado, se mantendrán por un importe de 8 millones de euros los convenios de colaboración con comarcas y municipios de más de 20.000 habitantes para el desarrollo de programas en materia de servicios sociales y para contribuir al sostenimiento de los equipos profesionales de los centros de servicios sociales.