En el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el pasado 13 de marzo, la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha reiterado la necesidad de incrementar la financiación estatal destinada a los servicios y prestaciones de atención a la Dependencia. Esta solicitud se enmarca en el análisis del anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de ministros, que plantea reformas en las leyes de Dependencia y Discapacidad.

Actualmente, la aportación del Estado al Sistema de Dependencia en La Rioja representa poco más del 15% del coste total, mientras que el gobierno autonómico asume la mayor parte del gasto. Esta situación ha sido calificada por el Ejecutivo regional como "desequilibrada y desproporcionada", ya que consideran que el Estado debería cubrir al menos el 50% del coste del sistema.

Según un estudio elaborado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, basado en datos oficiales del Ministerio, en los últimos siete años La Rioja ha destinado aproximadamente 485 millones de euros a los programas de Dependencia, mientras que la aportación estatal en el mismo período ha sido de tan solo 112 millones de euros.

El coste medio anual por beneficiario asciende a 700 euros mensuales, de los cuales la Administración General del Estado solo cubre 130 euros, mientras que el gobierno autonómico asume los 570 euros restantes. En términos globales, más del 80% del gasto en Dependencia es financiado por La Rioja, lo que supone un esfuerzo presupuestario significativo para la comunidad.

Cómo afecta la reforma de la Ley de Dependencia 

Las limitaciones en la financiación estatal podrían agravarse con la reforma de la Ley de Dependencia. Según las estimaciones del Gobierno de La Rioja, la comunidad podría experimentar una pérdida anual de hasta 41,5 millones de euros en el escenario más desfavorable, derivada de un incremento del gasto de 25 millones de euros y una reducción de la financiación estatal de 16,5 millones de euros. En el mejor de los casos, la pérdida se situaría en torno a los 31,5 millones de euros.

Ante esta situación, la consejera ha trasladado al Ministerio la urgente necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema de Dependencia, asegurando al mismo tiempo la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de las personas en situación de dependencia.

Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, La Rioja es la comunidad autónoma con el menor tiempo de espera para la valoración de la dependencia, con un promedio de 56 días, muy por debajo de la media nacional de 212 días.

Al cierre de 2024, se habían evaluado el 99,8% de las solicitudes vigentes (14.692 de 14.772), y el número de beneficiarios ascendía a 9.334 personas, 154 más que en 2023. En total, se otorgaron 14.234 prestaciones y servicios, con una media de 1,5 prestaciones por persona.

Además, el balance ministerial destaca un descenso del 27% en el número de personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio, lo que refleja la eficacia de la gestión autonómica en este ámbito.