La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado el “nuevo avance en materia social” en Andalucía que supondrá la Ley de Servicios Sociales “que se centra en la ciudadanía y que consolidará y blindará, aún más, el sistema público de servicios sociales en Andalucía”. La consejera ha abordado el contenido de la ley con el alcalde de Santa Fe (Granada), Manuel Alberto Gil, durante su visita al Centro Ocupacional Municipal Antonio Callejas Arenas.

Al inicio del encuentro, Sánchez Rubio ha querido destacar “el excelente trabajo en materia de políticas sociales que ha realizado y sigue realizando el ayuntamiento”. Sobre esta materia, Sánchez Rubio ha recordado que la Ley de Servicios Sociales introduce por primera vez la perspectiva deontológica para lo cual se creará el primer Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y se promoverá también la elaboración de un código de ética profesional y otro para los proveedores del Sistema Público de Servicios Sociales. Se trata de garantizar los derechos de las personas sin discriminación alguna con respecto a la autonomía, personalidad, dignidad e intimidad de cada una de ellas.

Sánchez Rubio ha indicado que, en este contexto, su departamento tiene previsto elaborar “La estrategia de ética”, una vez que el parlamento apruebe la Ley de Servicios Sociales. Para llevar a cabo esta iniciativa, está prevista la constitución de un grupo redactor integrado por expertos, colegios profesionales y entidades con experiencia en esta área, entre otros.

Igualmente, ha abordado el proyecto de ley de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno y que tiene un presupuesto de más de 1.300 millones de euros “para impulsar una sociedad más inclusiva y accesible”. Una de las novedades del proyecto de Ley de Andalucía es que actualiza el concepto legal de “personas con discapacidad” incorporando las condiciones externas junto con las circunstancias personales o de salud. Los destinatarios son las más de 700.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía (más del 61 %, mujeres), lo que supone casi el 10 % de la población.