La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que acaba de concluir la fase de exposición pública del texto de la futura Ley de Servicios, una ley que se ha diseñado “con el fin de constituir un instrumento para consolidar, fortalecer y modernizar nuestro Sistema de Servicios Sociales, garantizando el acceso universal y haciéndolo más útil, ágil y eficiente”.

Los organismos, entidades, colectivos y personas que han estado interesadas en formular aportaciones al anteproyecto de Ley han podido hacerlo durante un plazo de 45 días naturales.

Esta norma, ha insistido Sánchez Rubio, “universaliza el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales y garantiza la atención prioritaria en casos de urgencia personal, familiar y social, al tiempo que blinda las prestaciones sociales básicas exigibles por la ciudadanía”.

La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, ha explicado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, considera como personas beneficiarias del sistema a todas aquellas de nacionalidad española con residencia en la comunidad autónoma, las extranjeras empadronadas y residentes, los andaluces y las andaluzas en el exterior y, en su caso, a todas aquellas que, encontrándose en Andalucía, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social.

El anteproyecto establece como finalidad básica las de prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio, mejorar su bienestar y garantizar el derecho a una vida digna, protegiendo de manera especial y urgente a las que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.

Una de las principales novedades del texto es el reconocimiento del derecho de la persona usuaria a la libre elección del tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre los disponibles, así como a renunciar al mismo si lo desea. Del mismo modo, se recoge la opción de que cada persona pueda expresar su voluntad anticipada de recibir un determinado recurso en previsión de situaciones futuras de incapacidad.

Igualmente, el anteproyecto recoge el derecho de la persona usuaria a tener asignado un profesional de referencia que dé continuidad e integralidad a su atención, también en su domicilio si fuera preciso. Este trabajador, que funcionará como primer nivel de interlocución para el grupo de población asignado, dotará a los usuarios de las herramientas y habilidades para que tomen sus propias decisiones y se encargará de valorar, planificar, coordinar y garantizar la adecuada atención a la ciudadanía. Junto con este derecho, también se incluye el derecho a disponer de información veraz, suficiente y fácilmente comprensible.

Catálogo de prestaciones garantizadas

La segunda gran novedad del anteproyecto es el establecimiento de un catálogo de prestaciones garantizadas, que serán exigibles por parte de la ciudadanía y tendrán la consideración de derecho subjetivo. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los programas de atención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.

Junto a este catálogo, el anteproyecto prevé la elaboración de otro con las denominadas prestaciones condicionadas, que se proporcionarán en función de las necesidades que se detecten y según la disponibilidad de recursos.

Por otra parte, la norma recoge la creación de la Historia Social Digital, denominada RESISOR (Regional Single Social Record), que permitirá una mayor coordinación de los datos disponibles con el objetivo de facilitar una mejor atención integral y de calidad a la persona usuaria. Con este instrumento se avanzará en la coordinación con los servicios que presta el Sistema Sanitario Público de Salud. De igual modo, también se creará la tarjeta social electrónica para garantizar la igualdad en el acceso y la universalidad del sistema.

La nueva normativa desarrollará los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y armonizará la aplicación en Andalucía de Ley de la Dependencia (la comunidad concentra actualmente el 24% de todas las prestaciones del conjunto de España y el 22% de las personas beneficiarias). Otra de sus previsiones es la elaboración del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, que favorecerá la coordinación entre los recursos del sistema social y del sanitario.

Asimismo, la futura ley introducirá por primera vez la perspectiva deontológica con la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y la previsión de elaborar un código de ética profesional y otro para los proveedores del Sistema Público de Servicios Sociales.

Del mismo modo, otro aspecto novedoso de la futura norma será el impulso a la investigación en el ámbito de los servicios sociales a través de la creación de la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales.