La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en Granada que la futura Ley de los Derechos y la Atención a Personas con Discapacidad promoverá la inserción laboral y la autonomía de estas personas. Así lo ha señalado durante la inauguración del I Congreso Nacional sobre el Empleo de Personas con Discapacidad, organizado por la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI).

En este sentido, la máxima responsable de la sanidad andaluza se ha referido al anteproyecto de Ley, un texto normativo que incluye, entre sus medidas, la promoción de una contratación pública socialmente responsable y la incorporación de cláusulas sociales.

Asimismo, el texto del anteproyecto propone reservar el 5% de determinados contratos públicos de la Junta (lavandería, logística o jardinería, entre otros) a centros especiales de empleo, y la aprobación de un plan de empleabilidad específico, que reservará para personas con discapacidad el 3% de las plazas de los cursos de formación y, al menos el 5% de las plazas en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúa en el 34,6%, casi 40 puntos por debajo de la de la población sin discapacidad, con una tasa de empleo menor y una tasa de paro más alta.

La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado, además, que la futura Ley impulsará los 537 centros especiales de empleo existentes en Andalucía en el que trabajan más de 8.000 personas con discapacidad. Estas empresas reservan un 70% de sus plantillas para trabajadores con discapacidad y "son claves en la inserción laboral de un colectivo que en Andalucía suma más de 700.000 personas, el 61% mujeres", ha insistido la responsable de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Sánchez Rubio ha explicado que “la futura norma tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales". La ley obligará además a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo.

De otro lado, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha abogado por el trabajo conjunto con las asociaciones para mejorar la emancipación y la independencia de las personas con discapacidad. “La atención a las personas con discapacidad forma parte central de la hoja de ruta del Gobierno andaluz”, así lo ha señalado Sánchez Rubio, quien ha recordado la importante de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad para avanzar en la “autodeterminación, la autonomía y la capacitación” de este colectivo.