La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha informado que los servicios de dependencia de la Consejería han revisado en los últimos tres meses un total de 11.205 expedientes de personas en situación de dependencia para elevar al máximo establecido las cuantías que hasta ahora venían cobrando y que el anterior ejecutivo aplicaba dependiendo de su capacidad económica. Para estas mejoras, la Consejería destina este año 23'8 millones.

Por tanto, se han revisado 11.205 expedientes de personas en situación de dependencia a las que, en base a la orden 21/2012 de 25 de octubre de la entonces Consejería de Bienestar Social, se les aplicaban las cantidades resultantes de la diferencia entre su capacidad económica y la prestación correspondiente por prestación vinculada al servicio o por prestación de cuidador no profesional.

Así, la vicepresidenta ha señalado que en los casos de una prestación económica vinculada al servicio residencial, los grandes dependientes pueden llegar a cobrar 833 euros mensuales, y en los casos de prestación por cuidador no profesional, varían desde los 153 euros para las personas con un grado moderado hasta los 442 en los casos de grandes dependientes.

El resto de los expedientes revisados corresponden a personas que perciben un complemento de análoga naturaleza que estas prestaciones, y según la Ley de Dependencia ésta debe descontarse de la cuantía máxima por prestación de dependencia. En estos casos, los beneficiaros cobrarán el mínimo garantizado o por encima del mínimo, dependiendo de la diferencia entre ambas cantidades.

Por otra parte, Oltra ha indicado también que, desde el 1 de enero, 4.669 personas mayores o con diversidad funcional han dejado de copagar en los centros de atención diurna. Además, 12.482 usuarios han visto aumentado el dinero que reciben.

Mónica Oltra ha apuntado que estas las medidas promovidas por su Departamento desde el inicio del año, que benefician a 17.151 personas, tienen un coste de 33,3 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que el objetivo del Plan diseñado por la Consejería "es resolver cada año 22.500 expedientes, (1.800 al mes) de los que unos 15.000 corresponde al retraso acumulado de más de 45.000 personas que, teniendo derecho a las ayudas, estaban fuera del sistema, a los que se añaden otras 7.500 nuevas incorporaciones".

Por otra parte, además del incremento presupuestario, ha señalado que desde la Consejería también se ha apostado por un cambio en las instrucciones administrativas que simplifique las gestiones que tienen que hacer los ciudadanos, además de resoluciones escritas mucho más claras y concisas para favorecer la comprensión del interesado.