La Comunidad de Madrid destina 164 millones para el pago de prestaciones económicas que se reconozcan a las personas en situación de dependencia en 2015. Se ha autorizado la ampliación del gasto para esta partida en 80 millones de euros, tras la autorización en noviembre de 2014, de 84 millones de euros.

La Comunidad destina a gasto social 9 de cada 10 euros de los presupuestos regionales. Para las personas en situación de dependencia -por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad-, el Gobierno regional cuenta con una atención completa y especializada a través de unas 62.000 plazas en centros de día, residencias, tratamientos y servicios para la prevención de la dependencia, Telasistencia, Ayuda a Domicilio y prestaciones económicas, entre otras.

Cerca de 94.000 madrileños son beneficiarios de servicios de atención a la dependencia. El 95 % están siendo atendidos con el recurso más adecuado a su situación.

Un gasto de 2.268.369 euros se aportará en 2015 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), que cuenta con 4.536.738 euros para seguir protegiendo a personas incapacitadas judicialmente. La AMTA asumió en 2014 un total de 628 nombramientos nuevos, siendo el número de personas atendidas a 31 de diciembre de 2014 de 4.826. Se encarga de la atención social, administración patrimonial y defensa judicial de personas con capacidad legal limitada. La Agencia protege a más de 5.000 personas. Desde su creación en 1995, ha asumido cerca de 11.800 cargos tutelares.

Por último, se ha dado luz verde al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de los procedimientos de autorización administrativa y comunicación previa para los centros y servicios de acción social, así como la inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios. Este reglamento permitirá simplificar los procedimientos existentes para la prestación de los servicios sociales en la región. Igualmente, se regulan los requisitos que deben cumplir las entidades para desarrollar actividades de servicios sociales en la Comunidad.

El Reglamento determina, además, que la inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social se hará de oficio, una vez que hayan obtenido la correspondiente autorización administrativa. También se regula el procedimiento de revocación de la autorización, que podrá llevarse a cabo cuando se incumplan las condiciones, desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento, o se constate la interrupción definitiva de la actividad.

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay autorizados 2.207 centros de servicios sociales (1.087 residencias, 661 centros de día, 125 centros de rehabilitación, 109 centros ocupacionales, 41 centros de acogida y 4 centros experimentales), con un total de 137.633 plazas autorizadas, de las que 31.271 plazas son concertadas. Asimismo, se prestan 1.433 servicios de acción social, entre los que destacan 354 de información y orientación, 320 de ayuda a domicilio, 200 de convivencia familiar y social, 140 tratamientos especializados y 137 de prevención e inserción social.