Los expertos abordaron el tema de la Autotutela y demás mecanismos de promoción de la autonomía y de protección de personas mayores y con discapacidad

Madrid 2 de julio de 2012- La Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Aequitas celebraron los pasados 21 y 22 de junio unas jornadas en Santiago de Compostela, cuyo principal objetivo era informar y promover la protección  jurídica de personas mayores y con discapacidad. Estas conferencias han sido continuación de la ya celebradas en Cantabria sobre el mismo tema. Tuvieron lugar en el Museo Pedagóxico de Galicia.

El acto de inauguración corrió a cargo de Coro Piñeiro Vázquez, Secretaria General de Política Social, Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. En esta jornada se trataron temas como las residencias de mayores y de personas con discapacidad, los internamientos involuntarios, el modelo de atención basado en la persona, la regulación de las sujeciones y los derechos en relación con la autonomía personal de las personas mayores. Al día siguiente, se abordó, entre otras cuestiones, la autotutela, los poderes preventivos y otros mecanismos de promoción de la autonomía personal, la protección de las personas mayores más vulnerables, el consentimiento informado y capacidad, los documentos de voluntades anticipadas.

Una de las principales conclusiones a las que se llegó es que es necesario implantar procedimientos y protocolos que permitan la detección de procesos de maltrato psíquico en el mayor, su identificación diferenciada respecto a otras patologías  y su puesta en conocimiento de la autoridad judicial a los efectos de incoar las pertinentes medidas de protección.

Por lo que se refiere a las residencias y otros centros asistenciales, se resaltó la conveniencias de evitar connotaciones peyorativas, sustituyendo términos como “internamiento”, por “ingreso”, ya el que el procedimiento para la autorización o aprobación judicial del ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico no es una sanción, sino el instrumento jurídico que pretende resolver el conflicto de intereses entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad física y moral de las personas.

Asimismo, se destacó que dichos ingresos precisan de autorización judicial, para garantizar y armonizar el derecho a la libertad con el derecho a la salud. En estos casos, es de trascendental importancia el determinar la situación patrimonial de la persona para proteger la integridad de su patrimonio.

También se hizo hincapié en que el diagnóstico solo, no es suficiente para determinar la capacidad de una persona. Se precisa la evaluación de las capacidades adaptativas y/o factores pronósticos. La importancia está en la evaluación. Las habilidades cognitivas son mucho más que las tradicionales inteligencia y voluntad.

Respecto al consentimiento informado y la valoración de la capacidad para consentir, se señaló que son la esencia del principio de autonomía en la legislación española que se consolida y expande con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Los expertos pusieron énfasis al afirmar que los ancianos son un colectivo especialmente vulnerable que presenta un riesgo especial de ser desposeído de sus bienes, lo que aumenta su situación de pobreza económica y de exclusión. Asimismo, estos hechos se dan más en los entornos familiares que en los residenciales por ello, hay que establecer mecanismos jurídicos para evitar esos abusos.

En cuanto a la atención patrimonial de las necesidades de las personas con discapacidad se afirmó que son esenciales las figuras jurídicas que fomenten que otros sujetos les destinen fondos, articulando  los estímulos precisos para ello, normalmente de carácter fiscal. En este sentido, se manifestó que la excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del C. Penal (que prevé que están exentos de responsabilidad criminal las personas que causaren delitos patrimoniales –robos, estafas, apropiaciones indebidas- a sus familiares), debe desaparecer en el caso de que la víctima sea una persona mayor o con discapacidad y para la consecución del delito se haya utilizado el engaño, o se haya abusado de las condiciones culturales o intelectuales de la víctima.

También se recalcó que las vías para proteger la situación económica de las personas con discapacidad deben respetar la voluntad de estas.

Para terminar se alertó sobre la existencia de un déficit de políticas de protección del envejecimiento y del desgaste de las familias y en concreto de las personas encargadas del cuidado de mayores y sobre la necesidad de fomentar  sistemas de formación específica del personal gerontológico.

Acerca de la Fundación Caser para la Dependencia

La Fundación Caser para la Dependencia tiene como objetivo ser un gran centro multidisciplinar de estudio, reflexión y concienciación social sobre las necesidades de las personas dependientes y sus familiares.