El Gobierno de nuestro país ha anunciado que va a repartir más de 783 millones de euros para facilitar a las Comunidades Autónomas que puedan avanzar en el nuevo modelo de cuidados en Dependencia. Según el Ministerio de Derechos Sociales esta cifra “revalida el récord histórico de 2023 para financiar el SAAD”, ya que supone un incremento de 500 millones más a la dotación presupuestaria que hubo en 2021. Además, como ha afirmado el ministro Pablo Bustinduy, el objetivo es seguir aumentando ese presupuesto “hasta el 50% de la financiación total de cada territorio”.

Esta inversión se justifica en el hecho de que “los cuidados en Dependencia son una cuestión de Estado y vamos a destinar todos los recursos posibles que estén en nuestra mano para reforzar el sistema”, ha asegurado el ministro.

Bustinduy también ha destacado que la dotación presupuestaria aprobada este año incluye, entre sus principales objetivos, empezar a implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización que ha desarrollado el Ministerio que dirige y que supondrá una “revolución en el modelo de cuidados”. Un modelo que priorizará que las personas con dependencia reciban cuidados profesionales en su domicilio y en entornos comunitarios “para que puedan disponer de un proyecto de vida más digno frente al actual”, ha apostillado.

Por tanto, la inversión anunciada se destinará a la puesta en marcha de esta Estrategia de Desinstitucionalización, para dar preferencia a servicios centrados en la persona como los cuidados a domicilio, la teleasistencia y los centros de día.

El reparto para 2024

Además, el reparto se realiza en base a criterios objetivos como el número de personas atendidas y de población potencialmente dependiente en cada Comunidad Autónoma. También en base a la reducción de las listas de espera en el territorio, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, o el nivel de gasto que ejecute cada gobierno autonómico en este ámbito.

El dinero se reparte a través del mecanismo de financiación conocido como “nivel acordado”, que permite a la Administración General del Estado distribuir créditos entre las Comunidades Autónomas, suscribiendo convenidos entre el Gobierno central y el de cada región.