El Tribunal de Cuentas ha presentado un informe cuyo objetivo era la fiscalización de la aplicación de la Ley de Dependencia entre 2007 y 2011, en el cual sostiene que el Estado ha pagado a las CCAA dinero para ayudas a dependientes que no las estaban recibiendo, ha financiado a dependientes fallecidos o lo ha hecho por duplicado, ha dejado de hacerlo a otros que sí son discapacitados y necesitan la ayuda.
Esto se debe a que la información, es defectuosa e incoherente, que las CCAA cruzan con el Estado al contabilizar quiénes son los beneficiarios y quiénes no.
El informe ofrece datos como que 14 regiones superan el límite legal de los seis meses máximos para reconocer la dependencia en una persona.
El Tribunal asegura que las estadísticas del Imserso «no reflejan fielmente la realidad del número de beneficiarios ni las prestaciones reconocidas, ya que la información (...) de las CCAA no coincide fielmente con la información volcada en el SISAAD (Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención al Dependiente».
El informe señala que «las obligaciones presupuestarias reconocidas por el Imserso no están debidamente justificadas, ni avaladas por un certificado del órgano gestor de las prestaciones». Habla de «pagos indebidos» por parte del Imserso y de que las CCAA «podrían haber dejado de recibir fondos públicos».
El informe concluye manifestando que «la financiación del Imserso no ofrece garantías».
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