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Foto de una mujer mayor hablando con una doctora

Impacto de la enfermedad crónica en las personas mayores 

El 28 % de las personas mayores de 65 años con enfermedad crónica viven solas y hasta un 43 % de los que se encuentran en esta situación se sienten mal por ello. Esta es una de las conclusiones extraídas del “Estudio del impacto de la enfermedad crónica en las personas mayores”, presentado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). El objetivo de este documento, elaborado en colaboración con Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es analizar el impacto de la enfermedad crónica en las personas mayores, con el fin de identificar el estado de situación de la atención sanitaria y social que reciben, analizar el impacto emocional que genera la enfermedad crónica y proponer ámbitos de mejora.

En este sentido, el perfil más vulnerable es el de mujeres mayores de 80 años, con ingresos y nivel de estudios bajos, con pluripatologia y con barreras de comunicación con sus profesionales sanitarios que limitan su auto cuidado. Además, asisten a menos consultas médicas y les resulta muy complicado acceder a recursos sociales y reciben menos ayuda de su entorno familiar y profesional aun necesitándola.

En cuanto a las necesidades, otra de las conclusiones extraídas del estudio es que casi el 30 % que necesitan ayudas no reciben ningún tipo de asistencia para sus cuidados. Los tres tipos de tareas que los mayores necesitan con mayor frecuencia son: salir a la calle, hacer la comida y tareas del hogar como limpieza, ordenar, lavar y planchar. 

La presidenta de la POP, Carina Escobar, afirma que se debería realizar “una atención más centrada en las personas especialmente las más vulnerables, necesitamos procesos asistenciales más proactivos, flexibles que tenga en cuenta situaciones como la soledad, la edad avanzada o la situación socio económica”.

De hecho, otro de los aspectos que pone de manifiesto el estudio son las dificultades económicas que atraviesan muchos mayores, ya que el 44 % de los encuestados declaran tener algún tipo de dificultad económica para llegar a fin de mes. Preguntados por los gastos a los que les cuesta hacer frente, destacan aquellos relacionados con las necesidades básicas, como son la vivienda, los suministros y las compras de alimentación, así como los costes derivados de la fisioterapia y rehabilitación. Esta situación se agrava en el grupo de personas mayores de 80 años y en el caso de aquellos con estudios de nivel bajo.

El estudio también pone de manifiesto que, a pesar de que la valoración de la atención sanitaria recibida en el último año es de 6,65, se percibe que esta ha empeorado a raíz de la pandemia. La edad, el nivel de estudios y la posición socioeconómica son factores que determinan que las personas mayores acudan solas o acompañadas al médico. 

En cuanto al uso de los recursos asistenciales destaca la teleasistencia (23 %), seguido de los centros de día (17 %), ayudas domiciliarias (16 %), tarjetas de aparcamiento por movilidad reducida (12 %) y ayudas económicas (7 %). Pero si hablamos de cómo se han llegado a conocer de dichos recursos, son los propios usuarios quienes se informaron de su existencia. En este caso la información institucional y de profesionales sanitarios y sociales es insuficiente, y llega con dificultad a sus destinatarios. 

Tras los resultados expuestos, la POP ha definido 9 propuestas de mejora:
1.    Implementar las reformas necesarias para garantizar la atención centrada en el paciente. 
2.    Realizar una atención más bio-psicosocial atendiendo las necesidades de las personas mayores en situación de vulnerabilidad.
3.    Flexibilizar la atención a través de la definición de un modelo que contemple la atención presencial, telemática y domiciliaria.
4.    Mejorar el acceso a la información por parte de pacientes y sus cuidadores sobre los recursos sociales y sociosanitarios a los que pueden acceder.  
5.    Avanzar en la integración e interoperabilidad entre los sistemas sanitario y social, mediante una historia clínica integrada.
6.    Asegurar el derecho a unas condiciones sociales básicas que afectan a la salud de las personas: vivienda, alimentación o factura de la luz, etc.
7.    Responder a las necesidades de atención psicológica.
8.    Fomentar la formación de profesionales sanitarios para mejorar la relación médico-paciente.
9.    El reto de la equidad, y el acceso a los recursos sanitarios y sociales con perspectiva de género.