La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió el 1 de marzo el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde se acordaron medidas relacionadas con la protección de los niños que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, la integración de las personas con discapacidad y el voluntariado. 

 

La Ley de Adopción Internacional busca mejorar el sistema actual para que todas las Administraciones y entidades trabajen de manera más coordinada. Entre las novedades, ha destacado la regulación y racionalización del número de expedientes que se remiten a los países de origen conforme a las necesidades de los menores adoptables, con el fin de que los tiempos de espera sean más cortos.

 

Otra novedad ha sido la creación de una lista única nacional de familias en espera de adopción internacional o el establecimiento de unos requisitos de control del funcionamiento de los Organismos Acreditados de Adopción. Sobre la colaboración entre las distintas administraciones, ésta se articula mediante dos mecanismos: la Comisión Delegada de Servicios Sociales y la Comisión Técnica de Seguimiento y Control.

 

Dolors Montserrat también explicó que el sistema de información que da soporte al Reglamento de Adopción Internacional recibe el nombre de ADIN y que las comunidades autónomas están volcando la información de sus expedientes en ADIN con objeto de disponer de una única base de datos que permita la puesta en marcha de los procedimientos regulados en el Reglamento.

 

También se abordó el acogimiento de los menores, en concreto el mecanismo interterritorial de asignaciones, que permitirá que las familias dispuestas a acoger o a adoptar, puedan ser localizadas y propuestas tan pronto como un niño entre en el sistema de protección, independientemente de la comunidad autónoma donde resida. Permitirá reducir el tiempo que los menores permanecen en centros de protección, proporcionando a todos los niños la oportunidad de vivir en familia. 

 

 

 

Este Consejo Territorial dio un paso más para la inclusión social y la participación efectiva de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.  Por primera vez se ha incorporado en el Reglamento de la Lengua de Signos la definición de sordoceguera y el régimen de atención a las personas que sufren esta discapacidad para visibilizar sus necesidades especiales de comunicación. 

 

También se ha introducido un bloque de definiciones jurídicas y principios que van a procurar mayor seguridad en la aplicación de las medidas contenidas en la ley. Además, en el ámbito de transportes, las Administraciones Públicas seguirán reforzando su compromiso para facilitar los servicios de interpretación y vídeo interpretación necesarios. En este sentido, ha subrayado el compromiso del Ministerio de Fomento de invertir 8.620.000 euros para renovación y ubicación de dispositivos tótems y beepcons de AENA y formación personal y atención a pasajeros en puertos y aeropuertos.

 

La ministra Dolors Montserrat informó que se elaborará la primera Estrategia Nacional sobre la Tartamudez en España, que ponga el foco en las necesidades sociosanitarias de las más de 800.000 personas afectadas en nuestro país. Esta estrategia la realizará el Imserso en colaboración con las comunidades autónomas en el plazo de seis meses a través de un grupo de trabajo.

 

Respecto al autismo, se subrayó el valor de la Estrategia como marco de referencia en la definición de las políticas y acciones estatales, autonómicas y locales sobre las personas con trastornos del espectro del autismo. Las líneas de trabajo y los objetivos previstos en la Estrategia están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación.

 

Tal y como ha recordado la ministra, estas líneas en las que ya se viene trabajando constituyen el soporte esencial para mejorar la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo.

 

 

 

El Pleno del Consejo Territorial también dio luz verde al reglamento para desarrollar la Ley de Voluntariado, elaborado con la plena colaboración y participación de las entidades de voluntariado, de ámbito empresarial, de los ministerios implicados y de los órganos colegiados. El reglamento amplía los derechos de los voluntarios y fortalece su seguridad.

 

En el mismo, según explicó la ministra, se contemplan novedades en el ámbito de actuación, en la regulación de los programas y de las personas voluntarias, de las entidades y de los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria. En este sentido, por primera vez se cuenta con una regulación autónoma y específica del voluntariado en el ámbito de la cooperación internacional, se potencian programas en los que participan varias entidades y se regula la actividad de voluntariado de los menores de edad y la de los mayores de 60 años o con alguna discapacidad.