Extremadura refuerza la atención telefónica a la dependencia 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un conjunto de medidas para favorecer a colectivos vulnerables por importe global de 11,8 millones de euros, según ha informado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga. Entre las medidas dadas a conocer cabe señalar la autorización para contratar el servicio de atención telefónica Call Center para informar y orientar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas con trastornos asociados a la salud mental o en situación de dependencia. Bazaga comunicó que el importe de este servicio ascendía a los 648.512 euros, argumentando que se trata de un servicio "que está integrado en el SEPAD" y que presta apoyo "a quien lo necesite, desde el lugar que lo necesite y en cualquier momento". 

Además de esta medida, Bazaga también ha anunciado la contratación de 44 plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad y para personas con trastorno mental grave en las localidades de Don Benito, Zafra y Almendralejo. Esta contratación tiene como finalidad asegurar la atención que vienen recibiendo los usuarios de este servicio, cuyo presupuesto asciende a 2.362.248 euros, cofinanciados por el FSE (85%). La portavoz del Ejecutivo reconoce que los beneficios que aportan las "comunidades normalizadas" consisten en "mejorar la calidad de vida" de esas personas y, en este sentido, ha asegurado que "vamos a seguir trabajando desde el gobierno" para atender a quienes "lo necesitan más".

También dentro de este conjunto de medidas, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general con cargo al 0,7 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2023, para lo cual se establece una cantidad máxima de 8.869.100 euros. La finalidad de estas ayudas, según ha explicado la portavoz, es subvencionar total o parcialmente proyectos que desarrollen entidades del Tercer Sector o Cruz Roja Española durante el ejercicio de 2024. Unos proyectos que deberán estar destinados a personas en situación de pobreza, exclusión social u otras circunstancias especiales de vulnerabilidad. Entre esos proyectos se incluyen planes de formación, de inserción sociolaboral o de atención sociosanitaria a estas personas.