La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aprueba la Estrategia de  Ética de los Servicios Sociales de Andalucía, que permitirá marcar los pasos para hacer realidad una cultura de la  ética basada en valores acorde a los cambios sociales del momento, en línea con las aspiraciones de los profesionales y la propia ciudadanía.

“Elaborar una Estrategia Ética de los Servicios Sociales de Andalucía es una de las exigencias que plantea la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, desde el convencimiento de que el desarrollo de la red de recursos y de la capacidad de intervención de los servicios sociales requerirá, cada vez más, del apoyo de una estrategia que contemple los dilemas éticos a los que nos enfrentamos cada día y con la finalidad de programar las prestaciones, servicios y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía”, ha indicado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

La Estrategia tendrá una vigencia de cuatro años, gira en torno a cuatro ejes y contempla 58 actuaciones y la consecución de 12 objetivos. Destaca, entre sus compromisos, la creación de un Comité de Ética de los servicios sociales y, junto con las organizaciones profesionales y colegios profesionales, la creación de un Código de Ética Profesional que garantice: la reflexión ética en la práctica de la intervención social, el efectivo ejercicio de los derechos de las personas usuarias y el cumplimiento de los principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Asimismo, se promoverá la elaboración de un código ético como mecanismo orientador de sus acciones en los procesos de contratación, compras, almacenes, distribución logística y demás procesos de gestión administrativa. Además, en el desarrollo de esta Estrategia se prevé la elaboración de la Carta de los Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, así como articular el derecho a dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de la capacidad de obrar respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar a las personas que lleguen a ser dependientes.
 
Además, se  llevarán a cabo acciones formativas en ética aplicada para profesionales por grupos de población como menores, mayores o personas con discapacidad, así como sobre el modelo de atención centrada en la persona con el fin de sensibilizar y mejorar la atención a los usuarios.

La consejera ha indicado que “este documento permitirá atender, de algún modo, el desgaste que sufren los profesionales en los servicios sociales, motivado principalmente por los escasos recursos humanos que provocan colapso, listas de espera y presión asistencial. Ello exige que promovamos el cuidado y el autocuidado profesional, ya que las instituciones tienen que atender y respetar las necesidades de los trabajadores. Los profesionales han de disponer de los medios que requiere el ejercicio de su trabajo si queremos garantizar una atención de calidad a las personas usuarias de los mismos. Y, en este sentido, si los trabajadores no están bien, no pueden atender bien a la ciudadanía”.

La consejera ha transmitido también que “se pretende desarrollar un catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos, y tomar en consideración las voluntades previas a las posibles incapacidades de las personas, para que puedan decidir con antelación lo que va a pasar con su futuro, en caso de que llegaran a ser dependientes”.