El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha presentado ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados el detalle de las cuentas del organismo para 2016, que copan el 40,06 % del total de gasto consolidado del Estado. Se trata de un nivel nunca antes alcanzado.

El conjunto de pensiones (tanto contributivas como no) aumentan respecto al presupuesto pasado un 2,82 %, hasta los 121.232,57 millones de euros. En concreto, la partida destinada a pensiones contributivas avanza un 2,83 % al alcanzar los 118.941,72 millones. Este crecimiento se explica tanto por el incremento del colectivo de pensionistas, como por la mayor cuantía media de las pensiones (entre 2011-2015, la pensión media ha superado en más de seis puntos la variación del IPC), y el efecto de la revalorización. El presupuesto asegura la actualización de todas las pensiones el 0,25 %.

"Son unos presupuestos que persiguen el doble objetivo de garantizar la mejor cobertura posible al ciudadano, llegando a más personas con prestaciones de mejor calidad, sin olvidar la pervivencia del Sistema", ha señalado Tomás Burgos.

En esta línea, ha explicado que "la Seguridad Social está en una fase de estabilidad que hay que mantener". El número de pensiones contributivas continúa aumentado (a un ritmo del 1 % anual en agosto), y también la nómina mensual para abonarlas (2,8 % anual), si bien en ambos casos se trata del crecimiento porcentual más reducido de la serie histórica. A ello se une que la tasa anual de incremento de la pensión media lleva seis meses de este año estable en el 1,8 %.

"El Sistema representa el 10,4 % del PIB, dos décimas de reducción respecto al presupuesto anterior, lo cual es un indicador relevante de sostenibilidad y una muestra más de que las medidas dirigidas a mejorar la sostenibilidad empiezan a dar sus frutos", detalló Burgos. En 2014, las pensiones llegaron a representar el 10,7 % del PIB.

Además de la garantía de la revalorización, las cuentas del próximo ejercicio aseguran por cuarto año que es el Estado el que asume los complementos a mínimos, descargando así a la Seguridad Social de cargas impropias. En concreto, la aportación del Estado asciende a 13.160 millones de euros, que se reparten entre pensiones no contributivas (2.455 millones); prestaciones de protección familiar (1.533 millones); atención a la dependencia (1.373 millones) y la financiación de los complementos a mínimos (7.410 millones).

El presupuesto constata que cada vez menos pensiones requieren garantía de mínimos: la proporción de las altas que lo precisan está descendiendo desde el 21,82 % (2012) hasta el 20,61 % (junio 2015). El aumento de la pensión media en términos reales lo explica.