El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado durante su comparecencia en el Senado que el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) se encuentra en una situación de "absoluto colapso", pero que el Gobierno no lo va a "dejar caer".
Moreno, que ha repasado las políticas de su departamento en la Comisión de Política Social e Igualdad de la Cámara alta, ha asegurado que la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "no se ha paralizado", sino que está "vivita y coleando" y ha defendido que la reforma aprobada este verano tiene como objetivo "poner orden" ante el "colapso" del sistema y la "desigual" aplicación de la norma en el Estado.
"Hemos actuado con la máxima responsabilidad posible", ha señalado el secretario de Estado ante las críticas a la reforma de la mayoría de los portavoces de los grupos de la oposición. "Dentro del respeto a las competencias (de las comunidades autónomas), hemos tomado medidas correctoras que fueran hacia la línea de que todos los españoles son iguales ante la ley", ha aseverado.
A su juicio, existían "enormes deficiencias" y ha puesto como ejemplo que un dependiente recibía distinto tratamiento y atención en función del lugar donde residía. También ha criticado que la mitad de los atendidos estaban recibiendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en lugar de un servicio; que se estaban dando las "misas prestaciones" a usuarios con distintos grados de dependencia; o que personas con rentas altas recibieran los mismos servicios y prestaciones que aquéllas que se encontraban en peor situación económica.
Por su parte, el senador del PSOE Juan Andrés Tovar ha alertado sobre la "muerte" de la Ley de Dependencia, si no se incrementan los recursos para su aplicación. "Ojalá me equivoque con los próximos Presupuestos Generales del Estado", ha señalado este portavoz, que ha advertido sobre el riesgo de que "muchos dependientes" en lista de espera "fallezcan" sin entrar en una residencia o sus familiares reciban la ayuda para atenderlos.
Desde CiU, Corali Cunyat ha avisado de que la Generalitat "va a recurrir" la reforma de la ley por "invadir" competencias autonómicas y ha culpado al Gobierno de "incumplir" con la financiación de la norma, que ha llevado a las comunidades a asumir "cantidades desorbitadas".
Desde el PNV, el senador José María Cazalis ha criticado el desarrollo "desigual" de la dependencia entre las distintas autonomías, aunque ha advertido del "intento recentralizador" del Gobierno con la reforma de la ley. Por ello, ha solicitado al secretario de Estado que los cambios "no invadan" competencias y se pongan en marcha de forma "coordinada" con las comunidades.
La portavoz de la Entesa Catalana Mónica Almiñana ha avisado sobre el "cambio del modelo social" que está llevando a cabo el Gobierno "con la excusa de la crisis económica" y le ha acusado de "paralizar" el calendario de la Ley de Dependencia, dejando de transferir fondos a las autonomías, que son, según ha recordado, las que tienen la "competencia" en la aplicación y desarrollo de la norma.
El senador del Grupo Mixto Iglesias ha avisado de que la Ley de Dependencia puede que se quede sólo en la atención a los dependientes graves y que el resto "sean aparcados". Asimismo ha criticado que el Gobierno hable de 'solidaridad' cuando, a su juicio, ésta se va a traducir en que "ahora vayan a pagar todos por todo", algo que "devalúa" los principios de la ley.