El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 3.074.898 euros como aportación en 2017 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), una decisión que permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos.

Dicha aportación, que supone el 50 % de la dotación presupuestaria consignada para 2017, se considera necesaria, inicialmente, para atender las necesidades de financiación de la AMTA, sin perjuicio de que a lo largo del presente ejercicio, en función de las necesidades de financiación de la Agencia, sea precisa una nueva aportación.

El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la Agencia es un 54% mujeres y un 46% hombres, con una edad media de 60 años. Si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de circunstancias existente requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso.

En cuanto a la capacidad económica, las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos y casi el 65% tiene menos de 10.000 euros anuales. Se trata de personas que no tienen recursos, a las que no solo hay que gestionarles plaza pública sino que también cualquier gasto que necesiten tiene que ser apoyado por la Comunidad de Madrid.