¿Está siendo eficaz, en la medida esperada, el Plan de Choque del Sistema de Atención a la Dependencia que el Ministerio de Derechos Sociales aprobó en 2021? Según el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, su labor ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del Sistema, a pesar de que se han reducido las listas de espera de los ciudadanos. 

El Plan nacía con el objetivo de reducir hasta el 12,7% “el limbo de la dependencia” en el año 2021, pero no ha sido hasta el año 2023 cuando se ha conseguido este objetivo. Al terminar el año pasado, se contabilizaban 296.431 personas en la lista de espera de la dependencia (179.244 en espera de recibir la prestación o servicio y 117.181 esperando ser valoradas). En 2023 se ha logrado reducir el limbo de la dependencia en dos puntos, pasando de 13,4% a 11,4%. 

Además, como confirman desde el Observatorio, 40.447 personas fallecieron durante el año pasado esperando ser valoradas o atendidas (18.454 pendientes de resolución de Grado y 21.993 esperando ser atendidas). 

En cuanto al tiempo de tramitación de los expedientes de dependencia, el Plan de Choque ha conseguido reducirlos hasta los 97 días menos que en 2020 de media (324 días es la media de tramitación de un expediente de dependencia), aunque es cierto que existen algunas comunidades autónomas que superan los 12 meses de tramitación. 

Prestaciones vinculadas al servicio

Los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del Sistema, sin que se perciba una mejora substancial a partir del importante incremento de financiación estatal, tal y como proponía como el Plan de Choque.

El Observatorio confirma que la cuantía media de la prestación vinculada al servicio para una plaza residencial, en el caso de los dependientes de Grado III, es de 575 euros. Una cifra que supone menos de una tercera parte del coste real de estos servicios en la mayor parte de España.

Este análisis también confirma que existen diferencias muy significativas entre las comunidades autónomas en muchos aspectos. Así, por ejemplo, se mantienen las diferencias tanto en cobertura como en modelos de gestión. Diez comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal baja a 4,94 puntos. Sólo nueve comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior Castilla y León y Castilla La Mancha, (ambas con 8,3 puntos) encabezan esta clasificación, mientras que Cataluña y la Región de Murcia (ambas con 1,7 puntos) están a la cola.