España contará con una comisión interministerial para reforzar la Dependencia, como anunció el pasado 24 de marzo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Esta comisión va a contribuir al acelerar el cambio de modelo de cuidados de largo duración. Además, contribuirá a garantizar la incorporación de profesionales al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

En este punto el ministro recordó que los cuidados en nuestro país no solo necesitarán más profesionales, sino que también requerirán “una mejora de las condiciones y una revalorización de esta labor en la sociedad”.  Afirmación que se sustenta en las conclusiones del informe “Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030”. Un documento que confirma que, para mantener la cobertura actual del Sistema de Dependencia, se necesitarían un total de 751.000 trabajadores, lo que implica sumar más de 261.000 a los actuales.

El ministro aseguró que se ha constituido un grupo de trabajo con los gobiernos autonómicos para analizar conjuntamente cuáles son las dificultades que existen para encontrar profesionales en este sector. Y, además, ese grupo estudiará las formas más adecuadas para encontrar esos profesionales, para facilitar la empleabilidad y conseguir que el sector sea más atractivo para los trabajadores.

Entre los ministerios involucrados en la comisión interministerial estarán, al menos, el de Trabajo, el de Educación y Formación Profesional y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Hacer frente al reto demográfico

Enfrentar el reto demográfico es, como asegura Bustinduy, “un reto que hay que asumir como país”.

Por su parte, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, añade que ese reto es “un desafío para las instituciones, pero, sobre todo, un motivo de celebración porque las personas vivan cada vez más años”. Aunque para cubrir las necesidades que plantea el creciente envejecimiento de la población “necesitamos contar con las trabajadoras necesarias para ofrecer unos cuidados de calidad y que cuenten con unas buenas condiciones laborales”.

La secretaria de Estado añade que son las administraciones públicas las que han de garantizar que “la ampliación del tiempo de vida vaya de la mano de la ampliación de los derechos y la calidad de vida”. Para eso es necesario que las políticas públicas sobre cuidados “tengan una perspectiva de largo plazo e incluyan a todos los actores involucrados”.