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El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia ha presentado la propuesta de bases de la futura Ley de la Autonomía Personal de Cataluña. Ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento, el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francisco Iglesias, y el director general de Protección Social, Joan Ramón Ruiz, han expuesto las líneas fundamentales de la nueva normativa catalana, que inicia ahora un proceso participativo de debate institucional, social y sectorial.   

La ley nacería con el objetivo de que las personas puedan vivir con la máxima autonomía posible y pondría en valor el derecho a decidir de las personas su proyecto de vida. Para lograrlo, el secretario destacó tres elementos clave: "La prevención, la intervención en el entorno y en generar contextos inclusivos y la promoción de las capacidades y el apoyo a la autonomía personal".   

En el transcurso de su intervención, el secretario de Asuntos Sociales y Familias lamentó que el actual marco legislativo estatal "es insuficiente en cuanto a prevención y la promoción de la autonomía, tiene una gestión compleja y burocrática, y no es sostenible desde el punto de vista financiero". 

Es por todo ello que ha reclamado un modelo propio avanzado y que elimine la carga burocrática. En este sentido, ha destacado que Cataluña necesita "un cambio de paradigma que deje atrás la visión tradicional centrada en la deficiencia de la dependencia para crear un nuevo modelo innovador, transversal y sostenible, que se fije en las capacidades y la autonomía y que ponga en el centro el derecho a decidir de las personas". Iglesias ha añadido que "hay que superar el planteamiento médico-rehabilitador para ir a un sistema holístico bio-psico-social; pasar de las respuestas reactivas a la prevención, y superar la respuesta única de servicios sociales para dar respuestas más transversales".   

El secretario también lamentó que en la Ley Estatal actual se echa de menos una visión comunitaria y por ello "en Cataluña apostaremos por la desinstitucionalización y la atención a la persona en su entorno habitual". En este caso, ha insistido en que se deberá impulsar los servicios de proximidad en el ámbito de la atención domiciliaria potenciando sobre todo la compatibilidad con la atención diurna, la teleasistencia avanzada y los servicios de terapia ocupacional y productos de apoyo.   

En cuanto a la prevención, Iglesias ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar los programas de envejecimiento activo como de detección precoz para detectar, evitar o retrasar la pérdida de autonomía de las personas, tanto los dirigidos al conjunto de la ciudadanía como los específicos dirigidos a colectivos en riesgo.   

En referencia a la promoción de las capacidades y el apoyo, "el objetivo principal es facilitar el funcionamiento personal y social a las personas con limitaciones funcionales y, por ello, hay que facilitar los apoyos personales, materiales y tecnológicos necesarios a las personas y a las familias ", aseguró.   

Durante la sesión, se ha querido poner en valor la complicidad necesaria con el mundo local para llevar a cabo este cambio de modelo que propone el Gobierno. "La Ley de Servicios Sociales confiere al mundo local un papel muy relevante en la atención a las personas, en cambio la ley española de la dependencia obvia este socio tan importante. Habrá que hacer un paso adelante junto al mundo local en favor de la descentralización y la proximidad", destacó Iglesias.   

Por su parte, el director general de protección social ha explicado que, para simplificar y agilizar procesos, la futura ley debe prever una unificación de modelos que una los equipos de valoración de la discapacidad y los actuales servicios de valoración de la dependencia. Además, se crearán los equipos de asesoramiento y seguimiento, que se encargarán de elaborar un Plan de Autonomía y Vida, consensuado con el usuario y la familia. 

 

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