Cataluña persigue mejorar el proceso de reconocimiento del grado de dependencia y del grado de discapacidad de sus ciudadanos. Para ello ha diseñado un conjunto de medidas para que la gestión del proceso gane en eficacia. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de Cataluña, Mònica Martínez Bravo, ha sido la encargada de presentar el paquete de medidas para mejorar la gestión del proceso de reconocimiento de la dependencia y la discapacidad y para reducir su tiempo de espera. 

El plan tiene una dotación total de 2,3 millones de euros y pone el acento en simplificar y digitalizar procesos y mejorar las condiciones de los equipos profesionales.

Esta iniciativa reconoce que uno de los principales problemas a resolver es la carencia de digitalización y de interconexión de los sistemas de dependencia y discapacidad. Otras problemáticas que han sido detectadas por el ejecutivo son, por ejemplo, que un 28% de las solicitudes de dependencia terminan sin grado reconocido. Además, existen muchas dificultades para encontrar profesionales para los equipos valoradores. Y, también, se confirma como problemática la existencia de un único sistema de valoración para la discapacidad, en el que coinciden solicitantes con perfiles y necesidades muy diferentes.

Medidas más eficaces

Este plan incorpora varias medidas para acelerar el proceso.

1. Acceso directo a la información sanitaria a través del Visor Salud-Social, que ya está en funcionamiento. Esto significa que se ha eliminado la necesidad de aportar informes médicos del sistema público a la solicitud de dependencia.
2. Formularios online más simples y de carga automática en su sistema. Permitirán reducir trámites que todavía se realizan en papel, minimizar errores y acortar plazos.
3. Nuevo simulador de la valoración del grado de dependencia a disposición de los posibles beneficiarios.
4. Carga automática de los acuerdos PIA (Programa Individual de Atención) en el sistema informático de dependencia.
5. Nueva calculadora inteligente única para simplificar el cálculo de los costes y copagos asociados a los PIA.
6. Refuerzo de los equipos del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y las Áreas Básicas de Servicios Sociales.
7. Mejora de las condiciones laborales de los profesionales que realizan las valoraciones de la dependencia y de la discapacidad.
8. Nuevo Decreto de valoraciones de la dependencia y la discapacidad que permitirá, entre otros, incorporar nuevos perfiles profesionales a los equipos de valoración
9. Introducción del triaje previo en las valoraciones de la discapacidad
10. Posibilidad de valoraciones sin visita por la valoración de discapacidad en determinadas casuísticas