La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha subrayado la alianza esencial que existe en Castilla y León entre la Junta y las entidades del Tercer Sector en beneficio de las personas con discapacidad. El CERMI es un buen ejemplo de esta alianza y colaboración fluida en el diseño y desarrollo consensuado de políticas para la igualdad e integración de las personas con discapacidad.

 

Una voluntad compartida en beneficio de las personas con discapacidad que se ha plasmado en diferentes acuerdos, normas y actuaciones. Alicia García ha destacado que este compromiso compartido de la Junta de Castilla y León con el CERMI y con las personas con discapacidad se traduce en estrategias que pasan por tres consideraciones fundamentales: más recursos, más apoyos y una decidida apuesta por el impulso al empleo.

 

En este sentido, y respecto a los recursos y financiación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está incrementando año tras año el presupuesto, destinando en el presente año a las personas con discapacidad más de 140 millones de euros, un incremento de 4,1 millones con respecto a 2017 traducido en un impulso del 3,05 %, además, si se tiene en cuenta el incremento del presupuesto desde el inicio de la legislatura ese incremento se sitúa en 10 millones, un porcentaje del 7,5 % destinado a estas políticas de apoyo a las personas con discapacidad.

 

También más actuaciones y mayores apoyos, enmarcados en el I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad. Se trata de un Plan que, elaborado en colaboración y con el consenso del CERMI, impulsa un nuevo modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad basado en sus proyectos de vida y en dotar a las personas de los apoyos que necesiten en cada momento de su vida.

 

 

 

Junto a esto, Alicia García ha resaltado la apuesta clara por el empleo para las personas con discapacidad como una prioridad para la Junta, por lo que se han generado varios instrumentos para impulsarlo. El primero de ellos son los itinerarios de inserción socio-laboral, en los que participaron en 2017 más de 4.000 personas y que permitieron la celebración de más de 2.000 contratos, un incremento del 26 % con respecto al año anterior. 

 

En segundo lugar, la contratación socialmente responsable que desarrolla la Junta, gracias a la cual en 2017 ya se incorporaron cláusulas sociales en cerca del 82 % de la contratación de la administración regional, dos puntos más que en 2016, traducido en 2.723 contratos que superan los 600 millones de euros. Junto a esto, otro de los instrumentos de impulso del empleo para las personas con discapacidad es la reserva de contratos que se efectúan en favor de los 209 centros especiales de empleo que hay en Castilla y León y que dan empleo a 5.462 personas con discapacidad, un 11,8 % más de trabajadores que el año anterior y un incremento del 41 % sobre los que había en 2012, año en el que comenzó esta iniciativa.

 

Alicia García ha subrayado que toda esta apuesta por el empleo ha permitido que Castilla y León registrara en 2017 una cifra record de firma de contratos de personas con discapacidad, ya que se llegó a superar los 18.000 contratos, amplificando un 13 % los correspondientes a 2016.

 

Por eso, la consejera ha querido resaltar el compromiso de la Junta para impulsar y acelerar en lo que queda de legislatura la agenda política referente a la discapacidad en ámbitos como el empleo a través de actuaciones tales como el refuerzo de los itinerarios personalizados de empleo, apoyando y apostando por la figura del asistente personal y con intención de aprobar este año un nuevo Acuerdo en materia de responsabilidad social que recoja aspectos como que todos los contratos que realice la Administración tengan una cláusula social, medioambiental o de innovación; que se amplíen los porcentajes de reserva de contratos; y que se traslade la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable en los contratos también al ámbito de las subvenciones públicas, además de extender esta contratación a las corporaciones locales.