El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, paso previo para someterla a la mayoría de las Cortes. 

Se trata de un texto normativo innovador, cuyo anteproyecto parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que adapta todos los centros públicos y privados destinados a la atención a las personas mayores, dependientes y con discapacidad al contexto actual, generalizando el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona. La norma coloca el foco de los cuidados en los usuarios, trasladándoles todo el protagonismo en cuanto a preferencias vitales y transformando todas las residencias −propias y externas− en lugares asimilables a sus propios hogares.

Esta Ley tiene como finalidad garantizar los derechos de las personas que viven en los centros de carácter residencial y en los centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración para personas en riesgo o situación de dependencia y personas con discapacidad situados en Castilla y León, revisando el modelo actual para adaptarlo a los nuevos tiempos. El texto determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.

La esencia de la Ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.

Un texto consensuado

La redacción del Anteproyecto de Ley es el resultado de un trabajo largo, complejo y coral. La urgencia en la adaptación de los centros residenciales se observó parcialmente durante la pandemia, si bien la tendencia en Castilla y León ya estaba marcada desde varios años antes. En la segunda mitad de 2020 e impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se constituyó un grupo de trabajo integrado por representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, federaciones de personas mayores, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y patronales, colegios profesionales y entidades locales con el objetivo de analizar la situación de las residencias y alcanzar acuerdos de manera consensuada.

En estos encuentros, intervinieron expertos de cada ámbito para poner sobre la mesa cuestiones elementales como el fundamento ético de la atención integral centrada en la persona, que los centros son la vivienda de las personas y no son centros sanitarios, la perspectiva laboral o de las empresas prestadoras de servicios, los diferentes modelos asistenciales o la arquitectura necesaria para los centros.

Posteriormente, durante la tramitación de la ley, se han conocido las observaciones que, a través de informes, han realizado otras consejerías, entidades del sector, instituciones… En este sentido, el Proyecto de Ley que ha aprobado la Junta de Castilla y León incorpora las aportaciones que han realizado, tanto el Consejo Consultivo como el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Plazas para la atención a personas mayores y personas con discapacidad

Esta Ley afectará a las más de 72.000 plazas (72.634) que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a personas mayores y personas con discapacidad.

En concreto, existen 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente -plazas públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia-. Con este número de plazas, Castilla y León cuenta con la mayor cobertura de España tanto en plazas residenciales como en plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 %, muy por encima de la media nacional (4,19 %).

En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas, 10.638 centros de Día), distribuidas por 825 centros.