El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado una Orden por la que se aprueba el aumento de la cuantía destinada a gastos personales para personas con discapacidad menores de 65 años, que sean usuarias de residencias de atención básica, de viviendas tuteladas y de alojamientos supervisados. De esta forma, se verá reducida la aportación que debe realizar cada usuario según su capacidad económica dependiendo del servicio residencial utilizado.

Según la nueva regulación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, estas personas verán aumentada en un 25 % adicional, hasta un 44 % del IPREM, la cantidad mínima para gastos personales, una iniciativa aprobada en el Consejo Territorial de julio de 2012, con el fin de proporcionar un mayor apoyo de su autonomía personal.

El pasado año, el Consejo Territorial aprobó por unanimidad de todas las comunidades autónomas con el Estado una serie de propuestas de mejoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con unos criterios mínimos de aplicación en todo el territorio nacional; entre ellas, el establecimiento de un mínimo exento en la participación de los servicios que se fijaba en un IPREM, salvo para los servicios de atención residencial, en los que se determina un mínimo garantizado del 19% del mencionado índice, (101 euros) reservado para gastos personales.

En el caso de las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad, atendiendo a su edad y mayores apoyos para la promoción de la autonomía, la resolución del citado Acuerdo señalaba que se incrementará para estas personas los gastos personales en un 25 %.

Si bien este mandato no ha sido aún desarrollado por Real Decreto del Gobierno central, el Gobierno de Cantabria ha querido dar cumplimiento al acuerdo y lo ha hecho con esta orden, estableciendo en un 44 % del IPREM, (234 euros) el dinero para gastos personales para las personas con discapacidad menores de 65 años, que tengan reconocida la dependencia y ocupen una plaza de servicio residencial de atención básica, de vivienda tutelada o alojamiento supervisado del sistema para la autonomía y atención a la dependencia

Así, el Gobierno de Cantabria, a través de esta orden, ha querido establecer una medida que favorezca la autonomía personal de las personas con discapacidad, para promover su vida de forma independiente y favorecer la calidad de los servicios que se prestan.

Más de 300 plazas

Cantabria cuenta con más de 300 plazas tanto de residencia de atención básica, como viviendas tuteladas y alojamientos supervisados. El coste de estos servicios para la Administración es de 48,5 euros diarios en el caso de las residencias de atención básica de discapacidad mental o intelectual, coste que asciende a los 60 euros diarios cuando se trata de una discapacidad física. En el caso de las viviendas tuteladas, el coste diario es de 36,5 euros y de 35 euros, en los alojamientos supervisados.

El nuevo modelo amplia la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Concretamente, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 % del total.

También se dará cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia.

En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes ahora entre residencias. Con este fin, los tipos de módulos se han reducido a dos: dependientes y no dependientes. Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquéllas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.

En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.

Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391,71 euros para severos y moderados y hasta 758,83 euros para los no dependientes.

Fuente Balance de la Dependencia

Además, el nuevo modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores (cocina, lavandería y limpieza), eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.