El Anteproyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad es una iniciativa coordinada por Presidencia, que ha sido presentada por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

El objetivo es avanzar en la regulación autonómica con una ley que garantice que, tanto el marco normativo vigente, como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad, sitúen a estas personas en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y modifique los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos.

Se trata así de dar respuesta a las reivindicaciones del ámbito de la discapacidad y de dotar a La Rioja de la primera norma autonómica que promueva los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, en el marco de la  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incidiendo especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.

Asimismo, la norma quiere impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a hombres y mujeres con discapacidad el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía. Asegura también el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.

El Anteproyecto de Ley se estructura en 13 títulos: igualdad de oportunidades y no discriminación, atención integral, salud, educación, formación y empleo, servicios sociales, cultura, turismo y otras actividades, autonomía personal, tecnologías e investigación, protección jurídica, medios de comunicación social y publicidad, gobernanza en materia de personas con discapacidad y régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

En este último apartado, se establecen infracciones leves, graves o muy graves, que serán sancionadas con multas de 301 a 1.000.000 de euros (grado máximo), dependiendo de la gravedad de la infracción.