Aprobado el nuevo baremo de reconocimiento de la discapacidad 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Este nuevo baremo de la valoración de la discapacidad sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos.

De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a los compromisos adoptados en la esfera nacional e internacional y se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad, que llevaba bloqueada 10 años, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España según el INE. Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán, además, en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que  el  nuevo  baremo  es  "una  demanda  histórica"  de  las  personas  con discapacidad en nuestro país. "Por fin terminamos con esa situación aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y más humanos, los trámites van a ser más agiles y flexibles", ha señalado. Además, ha resaltado la puesta en marcha de un trámite de urgencia para calificar el grado de discapacidad en causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud o de esperanza de vida, ya que "hay personas como los pacientes de ELA que no pueden esperar".

Este texto, que se ha construido sobre la base del diálogo territorial, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia.

El texto aprobado establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras. También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5 % tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.

Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.

Como novedad, su tramitación pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.

A partir de ahora, este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación más certera de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras. También dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud.