El Consejo de ministros del pasado 11 de febrero aprobó el anteproyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que esta reforma introduce un nuevo enfoque basado en el derecho a la vida independiente y la autonomía personal en todas las etapas del ciclo vital. Además, señala que la nueva normativa amplía el catálogo de servicios disponibles para las personas con dependencia y discapacidad.

El anteproyecto de ley elimina dos de los principales recortes en el sistema de dependencia. Por un lado, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD. Una medida que permitirá una mayor personalización en la atención a cada persona. Y, por otro lado, elimina el plazo suspensivo máximo de dos años para las prestaciones económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar, para facilitar el acceso a estos recursos.

El ministro subrayó que la reforma no solo revierte recortes, sino que también "blindará derechos para evitar que puedan ser recortados en el futuro”. Asimismo, señaló que el nuevo marco normativo garantizará que las comunidades autónomas, responsables de la gestión del sistema de dependencia, estén obligadas a ofrecer los servicios estipulados en la ley.

Reorganización del modelo de cuidados

El nuevo texto legal introduce una reorganización de los servicios de dependencia, con un enfoque centrado en la persona, dejando atrás el modelo tradicional basado en grandes residencias. "Ese modelo ha quedado obsoleto”, afirmó el ministro, defendiendo la necesidad de incentivar la autonomía personal y garantizar la permanencia en el entorno elegido.

Entre las principales novedades destaca la extensión del Servicio de Ayuda a Domicilio, incluyendo actuaciones en el entorno comunitario que van más allá del cuidado personal y doméstico. También se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, se elimina la restricción en la asistencia personal, y se reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residen en su domicilio, lo que obliga a las comunidades autónomas a garantizar este servicio.

Además, el catálogo de servicios se amplía con tres nuevas prestaciones: cuidados y apoyos en vivienda, provisión de productos de apoyo y asistencia personal personalizada. 

En el ámbito de derechos, la reforma garantiza que la persona dependiente tenga poder de decisión sobre las prestaciones y servicios que recibe, así como su derecho a permanecer en el entorno de su elección y recibir atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Reforma de la Ley de Discapacidad

El anteproyecto también modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en línea con la reforma del Artículo 49 de la Constitución Española, aprobada en 2024 con un amplio consenso político para reforzar la dignidad y derechos de este colectivo.

Entre las principales medidas destaca el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho exigible ante cualquier instancia, garantizando que cualquier persona pueda reclamar accesibilidad en espacios públicos y servicios. Para ello, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará intervenciones como la instalación de rampas para sillas de ruedas o la implementación de audiodescripciones mediante códigos QR.

En el ámbito privado, la reforma modifica la Ley de Propiedad Horizontal, obligando a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas económicas para obras de accesibilidad cuando un residente lo requiera. Además, se reduce del 75% al 70% el porcentaje que la comunidad debe asumir para llevar a cabo las reformas necesarias.