La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha subrayado en el Pleno del Parlamento el “esfuerzo y compromiso de la Junta” con los menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, a quienes van dirigidas una serie de medidas relacionadas con las áreas educativas, de salud y de igualdad y políticas sociales. Las acciones se incluyen en el I Plan Andaluz de Atención Integral a menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020), aprobado por el Consejo de Gobierno.

En el Sistema de Información de Atención Temprana de Andalucía, están atendidos casi 20.000 niños y niñas menores de 6 años.

Andalucía es la primera comunidad autónoma que aprueba este plan, cumpliendo así lo previsto en la Disposición Adicional 13ª.3 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Sánchez Rubio ha hecho hincapié en que, además, la Junta ha elevado la edad de tres años que prevé la ley hasta los 6 años, en coherencia con las actuaciones destinadas a la población infantil en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, reforzando así las actuaciones que se vienen desarrollando en estas áreas y garantizando la continuidad en la atención.

El Plan prevé una inversión total de unos 800 millones - unos 200 anuales - que serán aportados por las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales, y Fomento y Vivienda, dado el carácter transversal del mismo.

La consejera ha expuesto en la Cámara el contenido del documento, que se estructura en nueve líneas generales de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones con medidas específicas para niñas y niños de 0 a 6 años en situación de dependencia o discapacidad o que estén siendo atendidos en centros de atención infantil temprana o bien que tengan necesidades educativas especiales. También va destinado a mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de salud, educación y servicios sociales.

Según ha indicado, la iniciativa contempla tres niveles con medidas de prevención entre las que se incluyen el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados. Asimismo, prevé la implantación del Proceso Asistencial Integrado de la persona recién nacida de Riesgo para la identificación neonatal y en etapas tempranas del desarrollo de factores de riesgo neurosensorial, biológico, psicológico y sociofamiliar, así como la promoción de protocolos intersectoriales para la promoción de entornos familiares estables.