La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha culminado una nueva orden de ayuda a domicilio, que permite mejorar y garantizar la prestación de este servicio del que se benefician 147.000 personas en situación de dependencia de toda Andalucía. El departamento que dirige Loles López ha trasladado el nuevo texto a los miembros del Consejo Andaluz de Concertación Local, el órgano supremo de colaboración de la Junta de Andalucía y los gobiernos locales. 

La elaboración de esta nueva orden ha sido una prioridad para la Consejería de Inclusión Social, ya que en los próximos meses expiran los acuerdos de colaboración entre la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, después de que el pasado mes de diciembre una sentencia judicial declarara nulo el modelo de convenio con estas entidades locales para la gestión y financiación de la ayuda a domicilio. 

La situación generada por esta decisión judicial urge ahora a renovar cerca de un centenar de convenios de colaboración con ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, a fin de garantizar una prestación que es vital para miles de personas en situación de dependencia. En este sentido, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha subrayado que ya no se puede demorar más la aprobación y puesta en marcha de esta nueva orden. “De este centenar de convenios de colaboración con ayuntamientos y diputaciones depende la ayuda a domicilio de casi 137.000 andaluces, que representan el 93 % del total de beneficiarios y que necesitan de este servicio para su vida diaria”, ha detallado. Y ha añadido que de la nueva orden también depende “el empleo de decenas de miles de trabajadoras”. 

Este texto nace de la búsqueda permanente del consenso por parte de la Junta de Andalucía con las entidades locales. De hecho, es fruto de un dilatado proceso de participación. García ha resaltado que, además de 35 entidades y organizaciones, “suma informes de diversos organismos públicos como el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales”. No en vano, y fruto de esta apuesta por el diálogo, se han consensuado 50 alegaciones del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de las 65 planteadas, lo que representa el 77 %. “Además, se ha acordado crear un grupo de trabajo específico para abordar las alegaciones en las que no se ha alcanzado el consenso para seguir dialogando y cuyo contenido está relacionado mayoritariamente con el sistema de financiación de los servicios sociales comunitarios”, ha explicado. 

La secretaria general de Inclusión Social ha incidido en que “la nueva orden introduce mejoras que permiten avanzar en un sistema público de servicios sociales más eficaz y eficiente”. Entre otras medidas, destacan la apuesta por un modelo de atención integral centrado en las personas, que se premien aspectos sociales y laborales de las personas trabajadoras a la hora de contratar el servicio; o que se incluyan novedades relacionadas con el apoyo a las personas cuidadoras, el fenómeno de la soledad no deseada y con los derechos y deberes de las personas auxiliares de ayuda a domicilio. 

La financiación de la ayuda a domicilio ha registrado en estos últimos años un significativo avance, gracias a las dos subidas que se han producido en el precio/hora después de más de una década congelado. En 2021 se aumentó el precio/hora un 12,3 %, pasando de los 13 euros fijados en el año 2007, a 14,6 euros. Y en 2023 se ha vuelto a subir el precio/hora en un 5,8 %, alcanzando así los 15,45 euros. Esto suma una subida acumulada del 18,1 % -de 13 euros a 15,45 euros-. “El objetivo es que esta subida revierta en las personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, mayoritariamente mujeres”, ha precisado García. La ayuda a domicilio es un servicio esencial del sistema público de servicios sociales del que se benefician 147.000 personas en toda Andalucía y que genera 44.000 empleos directos.