La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha destacado que el decreto que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales reforzará la transparencia y garantizará la efectividad de la gestión de la atención a la dependencia.

Para la titular andaluza, uno de los indicadores que permiten garantizar la calidad es el perfeccionamiento de los mecanismos de inspección y la mejora en la verificación de las prestaciones, así como el establecimiento de las medidas sancionadoras para asegurar el buen aprovechamiento y uso de los fondos públicos destinados a este fin.

En este sentido, tal y como ha indicado Montero, el Decreto se dirige fundamentalmente a reforzar las labores de verificación de la calidad de las prestaciones que se ofrecen mediante el Servicio de Ayuda a Domicilio y las prestaciones económicas para los cuidados en el entorno familiar.

La elaboración del Decreto ha contado con una amplia participación, como pone de manifiesto que más de 20 entidades directamente relacionadas con la atención a la dependencia en Andalucía han podido manifestar su opinión en el trámite de audiencia, “lo que sin duda ha enriquecido y mejorado el texto inicial”.

Para Montero, esta norma avanza en la labor que ya se venía realizando por los servicios de Inspección, que sólo en el año pasado realizaron 74.209 visitas domiciliarias, de las cuales 17.102 se dirigieron a la verificación de la calidad de las prestaciones y 57.107 a la verificación de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Esta labor se ha completado también con las inspecciones en centros residenciales (2.280 en 2012). Esta actividad de inspección ha tenido como finalidad comprobar el uso correcto de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia y la verificación de los requisitos de carácter administrativo necesarios para su funcionamiento.

En cuanto a las infracciones detectadas por los servicios de Inspección, en 2012, se detectaron 51 infracciones que dieron lugar a 15 faltas leves, 35 graves y 1 muy grave.

Estos datos, tal y como ha indicado la titular de Salud y Bienestar Social, “son suficientemente significativos del esfuerzo que se está realizando en nuestra comunidad para velar por el uso adecuado de los recursos públicos en una materia tan sensible socialmente, que constituye una prioridad del Gobierno Andaluz y especialmente en estos momentos en los que desde el Gobierno de la Nación se está actuando de una forma claramente regresiva, que está afectando directamente a la sostenibilidad y pervivencia del sistema de atención a la dependencia”.

El Decreto recoge, además, el modelo sancionador que había que desarrollar a partir de la Ley de Dependencia, adaptándolo en este caso al elevado grado de implantación del Sistema de Dependencia en Andalucía.

El nuevo régimen sancionador establece para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios. Para las faltas graves, las cuantías son de 300-3.000 y 30.001-90.000 euros, respectivamente. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.

Fuente: Balance de la Dependencia