El acceso a viviendas digas y a unos cuidados de calidad son solo dos de las demandas que la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) reivindica para las personas mayores con discapacidad. Unas demandas que se intensifican cada año en los días próximos al 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad, y que sirve para volver a poner sobre la mesa las necesidades de las personas mayores con discapacidad.

A la reivindicación de una vivienda digna se suma también el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Ambas entidades consideran que la vivienda es un derecho fundamental que permite la participación social y la vida autónoma. Sin una vivienda accesible y adecuada, las barreras para las personas mayores con discapacidad son insuperables. Actualmente, el 70% de las viviendas en España no cumple con condiciones de accesibilidad, lo que afecta gravemente a este colectivo.

Estas entidades reconocen que, tanto el elevado precio de la vivienda como las dificultades económicas de las personas con discapacidad, “agravan su exclusión social”. Por ello, reclaman la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que sean obligatorias las obras para mejorar la accesibilidad en los edificios. También reclaman que se incluya la accesibilidad en todos los planes públicos de rehabilitación de viviendas. Y se promuevan fórmulas habitacionales innovadoras como las viviendas colaborativas.

También es muy importante, para garantizar los derechos de las personas mayores con discapacidad, la implementación de estrategias de desinstitucionalización para que puedan vivir de manera independiente en la comunidad.

Con estas demandas, la PMP y el CERMI ponen el foco en una de las cuestiones más críticas para el desarrollo de una sociedad inclusiva y equitativa. Garantizar viviendas accesibles y políticas de cuidado adecuadas es fundamental para que las personas mayores con discapacidad puedan vivir con dignidad, autonomía y plena integración social.

Necesidad de colaboración público-privada

La PMP enfatiza la necesidad de que las instituciones públicas, los partidos políticos y los agentes sociales trabajen conjuntamente para desarrollar políticas inclusivas que respondan a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Políticas que incluyan alianzas público-privadas para la creación de soluciones habitacionales inclusivas, y ser proactivos ante los desafíos internacionales que ponen en riesgo derechos fundamentales.

La Plataforma destaca temas urgentes que deben resolverse para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad mayores. Entre esos asuntos destaca, por ejemplo, la futura Ley para el acceso y disfrute de los servicios sociales, y las modificaciones en la legislación sobre promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.