El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha advertido de que el movimiento de la discapacidad será más reivindicativo y beligerante contra las violaciones de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal a partir del 4 de diciembre, fecha en la que concluye el plazo legal para que todos los servicios y entornos de interés sean accesibles.

En estos términos, se expresa la plataforma representativa de la discapacidad en España en el manifiesto titulado “Sin accesibilidad universal, no hay derechos humanos para las personas con discapacidad”, elaborado con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

En 2003, gracias a la labor de incidencia política del movimiento de la discapacidad, España aprobó una ley que obligaba a que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran accesibles en 2019, plazo que posteriormente se acortó hasta el 4 de diciembre de 2017. Precisamente, ante la evidencia de que esta obligación temporal se iba a incumplir, el CERMI ha desplegado durante todo el año la campaña “Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017”, con el fin de que la ciudadanía denunciara cada mes situaciones de falta de accesibilidad en un ámbito distinto.

Y es que, como recoge la entidad en el manifiesto de este año, las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.

Exigente enfoque de género

Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a sufrir en mayor medida los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce.

Desde la discapacidad organizada se denunciarán administrativamente y se demandarán judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos sus operadores y agentes.

Por último, la entidad recuerda que las barreras invisibles, que en ocasiones son las más difíciles de superar, están alimentadas generalmente por prejuicios y falsos estereotipos excluyentes.