La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha reunido con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, para analizar las medidas implementadas desde su Departamento destinadas a impulsar el empleo en este colectivo.

Báñez ha explicado que a lo largo de la Legislatura se han firmado más de 640.000 contratos con personas con discapacidad. Sólo en 2014 se celebraron 200.000 contratos, el mayor volumen de toda la serie histórica.

La ministra ha asegurado que se han mantenido y reforzado las bonificaciones para las personas con discapacidad, pese al contexto de fuertes restricciones presupuestarias y de consolidación fiscal necesaria para avanzar hacia la salida de la crisis económica en España.

Además, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, en su desarrollo reglamentario, incorpora un marco normativo aplicable en toda España sobre los programas dirigidos de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

La ministra ha recordado que, desde marzo de 2013, existe un Convenio Especial de la Seguridad Social para personas con discapacidad, medida que fue negociada con el CERMI y que permite que, por primera vez, las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral puedan cubrir por sí mismas sus carreras de cotización a la Seguridad Social y así acceder a las prestaciones por jubilación y de viudedad, orfandad y a favor de familiares.

Asimismo, todas las medidas para incentivar el empleo juvenil contempladas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven aprobada en 2013 han ampliado el tramo de edad hasta los 35 años, en el caso de jóvenes que presenten una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

También en el caso de los contratos de formación y aprendizaje se han aplicado medidas para favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Así, no se aplica en su caso el límite máximo de edad de 25 años, establecido con carácter general, y se permite que, si el trabajador contratado tiene una discapacidad intelectual, dedique hasta un 25 % del tiempo de trabajo efectivo a la realización de procedimientos de rehabilitación, habilitación o de ajuste personal o social.

Además, para las personas con discapacidad este contrato presenta actualmente una reducción del 100 % de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75 % para las de 250 o más trabajadores. También cuenta con una bonificación de hasta el 25 % por la actividad formativa.

Por otro lado, la Tarifa Plana para Jóvenes Autónomos se ha ampliado 6 meses más para el caso de menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta reducción se podrá enlazar posteriormente con una bonificación del 50% en la misma cuota durante 5 años.

Esta medida se ampliará a todos los emprendedores con discapacidad, con independencia de su edad, en el marco del proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, que actualmente se tramita en las Cortes.

La norma reconoce que los trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la Tarifa Plana podrán contratar a trabajadores por cuenta ajena sin perder el incentivo, lo cual tendrá un favorable impacto a los autónomos con discapacidad.

Asimismo, se reconocen a los Centros Especiales de Empleo como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Eso supone que las subvenciones concedidas a estas entidades estén sometidas al Reglamento 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, y puedan alcanzar los 500.000 euros en un período de 3 años, frente a los 200.000 fijados anteriormente.