Los días 6 y 7 de junio de 2013 se han celebrado en Valladolid las jornadas organizadas por la Fundación Aequitas y la Fundación Caser por la dependencia bajo el título “Autotutela y demás mecanismos de promoción de la autonomía y de protección de personas mayores y con discapacidad”.

Estas jornadas han tenido como principal objetivo la reflexión acerca del ingreso de personas en situación de dependencia o discapacidad, el modelo de residencia, la defensa de los derechos de los mayores y los mecanismos jurídicos para la protección de su esfera personal y patrimonial.

Las jornadas resultaron de un altísimo interés. A continuación plasmamos las conclusiones redactadas por Carmen Velasco notario en Bilbao.

CONCLUSIONES

La conveniencia de que existan y se fomenten foros multidisciplinares para el encuentro entre profesionales, técnicos y representantes de la administración pública para el debate, intercambio de experiencias, colaboración y reflexión con el fin de avanzar en la protección de la dignidad de las personas dependientes o con discapacidad.

Se ha destacado la necesidad de crecer en la sensibilización social y jurídica sobre las situaciones de internamiento de las personas en situación de vulnerabilidad por carecer de la conciencia y de la capacidad para la toma de decisiones sobre su vida, de igual modo que existe en el orden civil y penal en los casos de privación de libertad de cualquier persona con capacidad. Así, se insiste en aras a la protección de la autonomía, dignidad, derecho a la libertad y a la salud, de las personas con discapacidad, el control judicial en todo caso de internamiento, tanto psiquiátrico como residencial.

Se reflexiona acerca de la necesidad de que el control judicial se extienda a la adopción de medidas sobre el patrimonio de las personas vulnerables  de modo que se impida que la persona quede despojada de sus bienes y en situación de desamparo patrimonial.

Se propone la revisión del modelo de residencia con el objetivo de fomentar la autonomía, individualidad e intimidad de la persona. Se plantea un sistema de residencia a través del que se ofrezca un proyecto de vida según la voluntad del residente y se concretará en la creación de entornos cercanos, unidades de convivencia, la convivencia integral, facilitar el mantenimiento de las relaciones familiares y el cuidado en la formación del cuidador. Se propone  un modelo de hogar o casa.

La protección de la dignidad de las personas mayores exige valorar la diversidad y los derechos fundamentales derivados de su condición de persona, sin que la edad pueda ser causa de discriminación. Se ha destacado, que la edad es una circunstancia y no implica cuestionar la condición de persona ni su dignidad. Se ha condenado la discriminación de las personas mayores en el derecho a la imagen, a una economía suficiente, a la igualdad en un trato adecuado, a la salud, a la educación, a la intimidad, a participar en lo público, a la jubilación y al trabajo, al uso y a la distribución del patrimonio.

Como instrumentos jurídicos para la protección de los derechos civiles en previsión de situación de dependencia o discapacidad, se han destacado,  respecto a la esfera patrimonial, la indignidad para suceder, el contrato de alimentos, el patrimonio protegido y la hipoteca inversa, y respecto a la esfera personal, los poderes preventivos, la autotutela y el testamento vital.

En el examen de la protección de las personas mayores vulnerables desde el punto de vista penal, se han destacado las características particulares en el maltrato de estas personas dada la relación entre el agresor y la víctima entre otras circunstancias; los delitos cometidos contra las personas mayores, en relación con la vida, la integridad física o psíquica; las agravantes y atenuantes ;las medidas cautelares judiciales como la prisión provisional, la prohibición de vivir o de acudir a ciertos lugares por la cercanía con la víctima y la orden de protección. Se ha recordado el deber general de cualquier persona de denunciar la actividad delictiva y en especial de las autoridades públicas.

Se ha denunciado que la situación de vulnerabilidad de las personas mayores da lugar a situaciones de expolio económico. Los ataques pueden provenir de familiares o allegados, de personal de residencia o de instituciones económicas  - por ejemplo, el caso de las preferentes o los desahucios-. Se ha propuesto impulsar la intervención judicial para sancionar estos expolios e impedir el abuso del anciano, mediante protocolos de investigación de la situación económica para detectar irregularidades o con intervenciones en el orden civil (nombramiento de guardador de hecho o administrador, modificación de la capacidad).

Se propone la reforma del art. 286 del código penal eliminando en estos casos la excusa absolutoria o excusa parental.

Se nos ha recordado que la Convención de Nueva York sobre personas con discapacidad  ha de inspirar la interpretación de la regulación sobre incapacidad contenida en nuestro código civil. Se han destacado tres aspectos:

No obstante lo anterior, la regulación vigente del código civil (tutela, curatela, defensor judicial, patria potestad prorrogada o rehabilitada) no permite la aprobación de apoyos sin la previa incapacitación judicial. Se propone la reforma que permita proveer apoyos a través de autorización judicial sin la necesidad de previo proceso de  incapacitación, de modo que se dé solución a casos que no son atendidos a través de la incapacitación judicial. Entretanto se propone solventar actuaciones puntuales a través de figuras como el guardador de hecho, el defensor judicial o los poderes preventivos.

Se ha reflexionado sobre la necesidad de la colaboración socio-sanitaria en los casos de enfermedad mental. Se propone disponer de un servicio de salud que proporcione una atención integrada y eficaz centrada en la persona, asegurando la continuidad asistencial, potenciando la autonomía y la responsabilidad del paciente. Se denuncia la escasez en la detección de estas patologías y en su seguimiento. Se recuerda que todos somos parte en la tarea de integración de estas personas dada la estigmatización social existente.

Durante todas las jornadas se ha destacado la urgencia que tiene cada persona de ser feliz y se ha identificado como la primera necesidad, de modo que a este objetivo deberán orientarse los trámites, los procedimientos, la información, las relaciones, el seguimiento y la formación del personal profesional que les atenderá.