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Foto de una pareja de personas adultas hablando con un medico

Fortalecimiento del sistema de servicios sociales en Cataluña

El Departamento de Derechos Sociales, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña han subscrito el acuerdo marco para la coordinación, la cooperación y la colaboración entre la administración de la Generalitat y los entes locales en materia de servicios sociales y otros programas de protección social para el periodo 2022-2025. 

Este acuerdo marco incluye las principales líneas de actuación para los próximos cuatro años y se traducirá en un contrato programa con los diferentes entes locales por un total de 1.408 millones de euros. Para 2022, se contempla un incremento de 76,5 millones de euros por parte del Departamento, hasta llegar a un total de 320 millones de euros.

Mediante el contrato programa, el departamento de Derechos Sociales financia el 66 % del coste de los y de las profesionales de los equipos básicos de servicios sociales y los programas que se desarrollan, que son la puerta de entrada y el primer nivel del sistema público de servicios sociales y la garantía de más proximidad a los usuarios y a los ámbitos familiar y social. Los entes locales aportan el otro 34%, si bien hay servicios que la Generalitat finanza al 100% (como los equipos de atención a la infancia o las instalaciones juveniles). También se pueden introducir elementos correctores en la financiación de manera consensuada.

El acuerdo da continuidad en el contrato programa 2016-2019, que se prorrogó hasta 2021 por el contexto de pandemia. La Covid-19 ha provocado un crecimiento de la demanda de servicios sociales y los profesionales de los equipos básicos de atención social han tenido que atender un mayor volumen de personas, que además requieren una intervención más integral.

 

Consolidación de trabajadores sociales y técnicos de apoyo

Para poder dar respuesta a estas medidas, el Departamento de Derechos Sociales aumenta la dotación del contrato programa de servicios sociales en 76,5 M€ respecto del convenio anterior. Una parte de este incremento -concretamente 10,4 millones de euros más que 2016- van destinados a estabilizar la plantilla actual de la atención social primaria.

En este sentido, se consolidarán los más de 400 trabajadores sociales de las áreas básicas que se incorporaron con adendas Coviddurante 2021 y ahora pasan a estar incluidos dentro del contrato programa. También se incorporó progresivamente la figura del técnico de apoyo por la contratación de titulados en Derecho o Psicología, para cada una de las áreas básicas de servicios sociales. Se incorporará un nuevo profesional cada 50.000 habitantes.

 

Teleasistencia y sinhogarismo, nuevos servicios

En comparación con el anterior contrato programa, el acuerdo marco prevé para el nuevo CP dos actuaciones nuevas: la lucha contra el sinhogarismo y el servicio de teleasistencia. Así, dentro de la estrategia catalana para el sinhogarismo se mira de poner la atención del colectivo de personas sin hogar, activando los recursos de equipaciones y servicios en cada territorio para prevenir la exclusión social, facilitando las herramientas necesarias para conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

En cuanto a la teleasistencia, el nuevo modelo de Servicio de atención en el entorno domiciliario de las personas ofrece “una atención social y de cura que garantice que las personas sean autónomas y puedan desarrollar su proyecto vital donde quiera y como quiera, con integración a su entorno familiar y comunitario”, ha explicado la consejera Cervera. Para favorecer este modelo, el Departamento de Derechos Sociales ha incrementado el precio /hora que pasa a ser de 19 euros por el primero y se irá incrementando a lo largo de todo el CP. También se financiará la teleasistencia avanzada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido desde la UE.

En total, se destinarán más de 100 millones el próximo año para reforzar los servicios sociales básicos, especialmente los servicios de atención domiciliaria (SAD) en el marco del nuevo modelo de autonomía personal.

 

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